El error inexcusable: breve noción y acercamiento a su concepto

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El 9 de marzo de 2009 entró en vigencia el Código Orgánico de la Función Judicial[1]; cuerpo normativo que regula la actividad de la Función Judicial, y en la cual se introdujo, entre otros, la figura del error inexcusable como causal de responsabilidad administrativa.

 

Esta figura de novísima aplicación no tiene antecedentes en la legislación ecuatoriana, por el contrario, el desarrollo del régimen de responsabilidad administrativa por parte de los servidores judiciales –usualmente- se ha visto marcada por la carencia de normas que regulen dichas actividades[2], a tal punto que, la ex Corte Suprema de Justicia[3], en un determinado momento, tuvo que resolver con el carácter de obligatorio sobre su competencia y procedimiento para ejercer la facultad sancionadora a los funcionarios judiciales que se encontraban incursos en las causales establecidas en la derogada Ley Orgánica de la Función Judicial[4].

 

La Constitución de la República en su artículo 178 deja muy en claro que el Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial; esta redacción se ha mantenido en forma similar a partir de la Ley No. 20 que Reformaba la Constitución Política de 1978[5] en la que se incluyó como un órgano de la Función Jurisdiccional al Consejo de la Judicatura con el objeto de ser el ente de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.

 

Luego de dos consultas en referéndum popular respecto a sí el Consejo Nacional de la Judicatura debía o no ser el órgano de gobierno de la Función Judicial[6]; tras la aprobación de dicho referéndum, dichas atribuciones se han venido estableciendo en las diferentes Constituciones, hasta la actual[7]

 

El artículo 109.7 del COFJ, desde su publicación original tuvo una modificación en cuanto a uno de los sujetos activos de la infracción, realizada en el año 2011 mediante una Ley Reformatoria[8], en la que se incluyó a los jueces como como sujetos activos del error inexcusable, quedando actualmente configurado el error inexcusable como una infracción gravísima cuya pena administrativa es la de destitución, prescribiendo dicha norma lo siguiente:

 

Art. 109.- INFRACCIONES GRAVÍSIMAS.- A la servidora o al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución, por las siguientes infracciones disciplinarias: […] 7. Intervenir en las causas que debe actuar, como Juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable.[9]

 

El texto anteriormente transcrito, prima facie, permite deducir varios elementos y tipos que constituyen la infracción, entre estos: los sujetos, el verbo rector o conducta, el objeto material y el bien jurídico que protege.

 

Los sujetos de la relación jurídica procesal pueden ser activos o pasivos; los primeros, es decir, los sujetos activos de la infracción la constituyen: los jueces, fiscales o defensores públicos; y los sujetos pasivos, a pesar de no encontrarse definido en forma explícita en dicha norma, en una interpretación contextual de las normas de nuestro ordenamiento jurídico puede determinarse en: la administración pública o el administrado[10], esto último dependerá del tipo de legitimado, ya que el procedimiento administrativo se puede promover de oficio o petición de parte interesada.

 

En lo referente al verbo rector de la infracción se establecen dos verbos: a) el intervenir; b) el actuar, sin que se pueda diferenciar cuál de estos describe la actuación u omisión, por lo que esta descripción es deficiente; estos su vez se clasifican en tres clases de conductas: (1) dolosas (2) manifiestamente negligentes y (3) por error inexcusable; para efectos de este trabajo se analizará puntualmente este último, sin perjuicio de hacer alusión  a las dos primeras a fin poder complementar el analisis en el presente estudio.

 

En relación al objeto material, es evidente que estas infracciones pueden materializarse dentro de una actuación jurisdiccional; mientras que el bien jurídico que se pretende proteger es la eficiente y correcta administración de justicia. Por último en cuanto al elemento normativo, la descripción de error inexcusable –como se analizará- no tiene una calificación normativa, sino valorativa, es decir, que el juez o funcionario al que le corresponda determinar el error judicial debe realizar una interpretación valorativa de lo que es el error inexcusable, puesto que en la norma no se describe sus características o requisitos.

 

Conforme lo he señalado, si bien el estudio central del presente estudio versa sobre el error inexcusable, la descripción del artículo en análisis señala tres conductas que pueden ser cometidas por parte de los sujetos activos dentro de sus actuaciones jurisdiccionales, siendo estas el dolo, la manifiesta negligencia o error inexcusable; elementos que, como se señaló ut supra, el órgano administrativo de la Función Judicial[11] ha sostenido que estas tres causales, si bien son autónomas, pueden coexistir unas con otras[12];

 

Sin embargo, cabe señalar que el Dr. Gustavo Jalkh Röben[13], ha sido manifiesto en separar autónomamente estas tres conductas al afirmar que: luego de dejarse de lado el interés sobre el dolo y la negligencia manifiesta, el error judicial es el acto contrario a disposición expresa que causa gravamen, y es inexcusable porque nadie con mínima formación jurídica para administrar justicia podría justificar el incumplimiento de norma jurídica[14]

 

A más de ello cabe tener en cuenta, ante la posible coexistencia en el juzgamiento de causales, que el numeral 5 del artículo 76 de la Constitución de la República establece que en caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción y que en caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la personas infractora; así, esta norma constitucional debería tomarse en consideración cuando se pretenda realizar una posible coexistencia entre estas tres conductas, más aun considerando la diferencia que existe entre un acto doloso y culposo.

 

La legislación ecuatoriana no establece[15] ni determina de forma clara y diáfana lo que es o lo que  se debe entender por error inexcusable ni qué tipo de elementos forman parte de dicha figura jurídica, lo que deja un amplio margen de interpretación, valoración y discrecionalidad al momento de su determinación y aplicación.

 

Es necesario delimitar jurídicamente los contornos del error inexcusable partiendo de conceptos básicos para posteriormente remitirnos a un acercamiento conceptual que nos sirva como base para el desarrollo de la presente tesis, ya que dentro de la legislación no existe una delimitación clara, lo que ha ocasionado interpretaciones ambiguas, permitiendo de esta forma se divague mucho sobre el tema.

 

El error -generalmente- es un concepto equivocado[16], yerro, incorrección o inexactitud sobre un hecho o como un juicio inexacto o falso, una discordancia entre las ideas y la naturaleza de las cosas, es decir, a fin de cuentas es lo contrario a la verdad, mientras que lo inexcusable es lo carente de excusa o justificación, algo imperdonable[17].

 

El error implícitamente va ligado al concepto de equivocación o inexactitud sobre un determinado asunto. La ignorancia puede ser la causa o motivo del error, y aquello implica ausencia o escasez de conocimientos que puede conducir a un razonamiento equivocado[18]. El error puede ser excusable o inexcusable; la diferencia entre estos radica en la justificación que se pueda dar entre una u otra situación; así lo inexcusable es aquello que carece de justificación o es imperdonable[19].

 

Para determinar y realizar una aproximación al concepto del error inexcusable, tomaré como referentes conceptuales comunes varias resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunos referentes de la Corte Nacional de Justicia y respecto de varios elementos extraídos de la doctrina que trata sobre el error judicial.

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura, en varios expedientes disciplinarios ha conceptualizado –en mayor o menor grado- al error inexcusable, bajo los siguientes razonamientos que me permito sintetizar:

 

“Según lo descrito en el Diccionario Jurídico de Cabanellas se entiende como “Error” la “Equivocación, yerro, desacierto. Concepto equivocado. Juicio inexacto o falso. Oposición, disconformidad o discordancia entre nuestras ideas y la naturaleza de las cosas. Lo contrario de la verdad (…) Acción inconveniente, perjudicial o desacertada (…)” y define “Inexcusable” como “Carente de excusa o justificación” Imperdonable. De cumplimiento absolutamente obligatorio”, señalándose que la figura del error inexcusable es el “yerro o desacierto o concepto equivocado que carece de excusa o justificación y que resultaría imperdonable”[20]

 

“Es preciso indicar que cuando hablamos de “error inexcusable”, nos estamos refiriendo a la notoria ineptitud o descuido, al momento de administrar justicia[21] por parte del servidor judicial[22] (…) es aquel no susceptible de interpretaciones jurídicas aceptables, como podría ser el del operador de justicia que se separe de toda interpretación admisible, de acuerdo con las reglas de la lógica y de la argumentación jurídica (…)[23]

 

Por otra parte, el error judicial, en sentido estricto se produce exclusivamente cuando éste se comete en un acto formal de la administración de justicia. Este error puede ser de iure o de facto. El de iure se produce cuando el operador de justicia de manera arbitraria se aparta de las reglas que para el efecto se establecen en los ordenamientos jurídicos, o bien, cuando dicta su resolución contraviniendo, de cualquier forma, una o varias normas vigentes (…) cuando no aplicaron (sic) normas jurídicas y precedentes jurisprudenciales obligatorios[24]. El error de facto se produce cuando el juzgador cambia equivocadamente los hechos materia de la Litis, o altera cualquier otro hecho relacionado con las actuaciones del juicio.[25]

 

Por interpretaciones sistemáticas y teleológicas del ordenamiento jurídico realizadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, también se ha establecido como parámetros para el juzgamiento de error inexcusable la violación del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva[26]:

 

“(…) cuando los servidores de la función judicial que sustanciaron causas violando el derecho al debido proceso, caen en manifiesto error inexcusable; y por lo tanto pueden ser sancionados por la infracción gravísima, señalada en el artículo 109, numeral 7 del Código Orgánico de la Función Judicial[27]; .

 

(…) La actividad de las servidoras y servidores judiciales, particularmente de las juezas y jueces, se encuentra regida por normas, tanto permisivas como imperativas, orientadas a garantizar una recta, transparente y eficiente administración de justicia. En este sentido, el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 129 impone como deberes de todas las juezas y jueces, entre otros, los siguientes: (…) 1. Aplicar la norma constitucional y la de los instrumentos internaciones de derechos humanos por sobre los preceptos legales contrarios a ella; 2. Administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente; 5.1.2- Adicional a los deberes de las juezas y jueces (…) tenemos la Tutela Judicial Efectiva que constituye un “derecho de las personas que el Estado protege, y no un derecho del Estado que la persona protege”[28], el cual se encuentra consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República (…) 5.1.3- El derecho a la tutela judicial efectiva está constituido por a) el acceso a la administracipon de justicia; b) la respuesta motivada y justa de ella a través de una resolución oportuna; y, c) la ejecución de ésta en forma integral e inmediata[29]. El Dr. Miguel Hernández Terán al momento de referirse a la Tutela Judicial Efectiva nos dice:

 

Si bien la tutela judicial comprende la respuesta sobre la pretensión, no debe pensarse que esa respuesta necesariamente debe ser favorable al derecho o interés legítimo ejercido. El rechazo motivado y justo de lo que se pretendió es también expresión de tutela judicial efectiva. Y habrá violación a dicha tutela: si el juez no decide sobre todo lo que pidió, si no amplía la resolución incompleta, si no aclara la resolución oscura, cuando ante la acción infundada sucumbe dándole la razón. La tutela judicial efectiva exige certeza en la decisión de fondo, por eso el error judicial quiebra esa tutela, y por eso la ignorancia de la Ley es un factor de afectación de la tutela judicial efectiva[30]

 

Algunos de estos criterios, se encuentran contenidos en varias resoluciones, publicitadas en la página web del Consejo de la Judicatura[31] que en su mayor parte refieren a expedientes tramitados durante el periodo de Transición del Consejo de la Judicatura, sin que se pueda acceder a los actuales procesos tramitados por el Consejo de la Judicatura, pues a pesar de haber requerido información sobre los procedimientos sustanciados por error inexcusable, estos requerimientos fueron negados de acuerdo a la documentación adjunta[32]; empero, las resoluciones, al menos de la etapa de transición, que se mantienen en el portal web antes indicado, establecen los algunos parámetros que se aplicaron para la sanción del error inexcusable, siendo estos los siguientes:

 

  • Por actos u omisiones en la tramitación de una causa que fueren capaces de provocar la declaratoria de nulidad de un proceso judicial, lo que constituye una vulneración del derecho al debido proceso, en los términos establecidos en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República, por Inaplicación de normas que, en razón de su competencia y jerarquía normativa, se presentan como obligatorias;
  • Arrogación de funciones que no le son propias a su cargo y a su materia;
  • Proceder a la ejecución de un acto judicial que no se encuentra ejecutoriado[33]
  • Las acciones de protección proceden únicamente cuando no existe, en el ordenamiento jurídico, una vía procesal efectiva, ante la justicia ordinaria. Al haber dado un trámite distinto al propio del visto bueno, el juez sumariado vulnere derechos fundamentales relativos al debido proceso
  • El servidor judicial que tramitare una acción de protección y resolviere favorablemente, cuando el tema de fondo corresponda a asuntos de mera legalidad[34]
  • Las decisiones adoptadas en contra de norma jurídica expresa, legítima, pertinente o en base de interpretaciones irrazonables.[35]
  • Inobservancia de norma adjetiva expresa, cuando existe una norma procesal que le obliga a realizar actos procesales y ésta no es acatada
  • Detención arbitraria, cuando la juez o jueza que, a sabiendas que se habría producido la caducidad de la medida cautelar de prisión preventiva, no lo hiciere y mantuviere al imputado inconstitucionalmente privado de su libertado
  • La autoridad que se pronunciare, más de una vez sobre el asunto de fondo de la causa
  • Toda jueza o juez que se pronunciare o tramitare una causa, cuyo ámbito de competencia corresponda a otra autoridad jurisdiccional
  • Garantías jurisdiccionales: la autoridad jurisdiccional que admitiese a trámite una acción constitucional, presentada por asuntos de mera legalidad, cuya tutela efectiva corresponda a la justicia ordinaria.
  • Garantías jurisdiccionales: incurre en error inexcusable la jueza o juez que, en virtud de una acción de protección ordene la reparación integral de derechos que aún no han sido adquiridos por el accionante, por tratarse de meras expectativas
  • Inaplicación de normas esenciales para la solución del caso: la inaplicación arbitraria de normas que, en razón de su pertinencia y jerarquía normativa, se presentan como esenciales para la solución de la causa
  • Medidas cautelares: la jueza o juez que dentro de una acción constitucional de medida cautelares se pronunciare sobre el fondo del asunto; la o el juez que dicte medidas cautelares, determinará su tiempo de vigencia y los órganos o personas obligadas a cumplir disposiciones judiciales, so pena de incurrir en un error inexcusable, por cuanto por su propia naturaleza, las medidas cautelares no pueden tener el carácter de permanentes.

 

Conforme lo indicado, el Consejo de la Judicatura, dio acogida a la interpretación de Jaime Marroquín Zaleta[36], quien -al hablar sobre el error inexcusable- señala que este implica aludir a una notoria ineptitud o descuido al momento de administrar justicia por parte del servidor judicial[37].

 

Sin embargo, como lo sostiene el citado autor[38], para tener fundamento en la característica de notoria ineptitud tiene que valorarse y tomar en cuenta diferentes particularidades que giran en torno al funcionario sujeto del procedimiento como los antecedentes personales, profesionales y laborales del mismo, su nivel de preparación, honorabilidad, experiencia, antigüedad, carga procesal, entre otros factores sean internos o externos que puedan llegar a afectar la actividad del funcionario.

 

También se ha señalado que el error inexcusable es aquel que no es susceptible de interpretaciones jurídicas aceptables, de acuerdo a las reglas de la lógica y de la argumentación jurídica[39].

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura –acogiendo varios criterios sobre el error judicial- ha señalado que por su naturaleza este es atribuible al juzgador más que a cualquier otro servidor judicial y que este, en sentido estricto, se produce cuando se lo comete en un acto formal de administración de justicia, por lo que que es necesario que una norma legítima que contenga una obligación clara, inequívoca y prescriptiva, sea abiertamente contrariada, sin motivar dicho desacato[40].

 

En este sentido, las resoluciones emitidas por la autoridad administrativa del órgano judicial, por una parte, parecerían prescindir de los otros sujetos de la infracción, como son los fiscales y defensores públicos, para aplicarla únicamente en relación a la actividad jurisdiccional del juez.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) en el caso Apitz Barbera y otros vs Venezuela respecto del error inexcusable, en su apartado 34 señaló –en referencia a la doctrina del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela[41]– que el error inexcusable es aquel que no puede justificarse por criterios jurídicos razonables[42], y el error es injustificable cuando es tal la magnitud  de la gravedad, como por ejemplo cuando se embarga una plaza pública[43].

 

Dentro de la doctrina y varios estudios y ensayos también encontramos varios conceptos sobre lo que es el error judicial.

 

El error judicial, doctrinariamente, es concebido como una equivocación cometida culposamente[44], como una decisión injusta, no maliciosa debida a un insuficiente conocimiento de los hechos o de las normas aplicables, con independencia que el mismo hubiera, técnicamente, de atribuirse a ignorancia excusable, simple imprudencia o caso fortuito[45], que puede ser provocada por un conocimiento equivocado[46].

 

Para Jaime Marroquín Zaleta, el error judicial en su naturaleza resulta ser la oposición o disconformidad entre las ideas propias de una persona con la realidad, siendo a final de cuentas un acto no intencional[47]; mientras que para Valeriano Hernández es la equivocación crasa y palmaria que adquiere firmeza y que no haya sido provocado por el perjudicado, haya causado daños efectivos, valuables e individualizados[48].

 

Por su parte Jorge Malem Seña, ha señalado que para que exista un error judicial debe haber, según el sistema jurídico de referencia, una o más respuestas correctas respecto de un caso, por ende, la decisión judicial calificada como errónea no ha de poder subsumirse en ninguna de esas posibles respuestas correctas, lo que implica la existencia de la violación de los límites que establece el sistema jurídico, mediante un acto arbitrario[49]. Empero, como lo señala Javier Ezquiaga, previo a calificar la existencia del error judicial primero se debe comenzar de un análisis del caso, partiendo de una distinción entre casos fáciles y difíciles[50].

 

Concuerda este último autor con Valeriano Hernández Martin en que, de acuerdo a la jurisprudencia española, el error judicial en para que dé lugar a una indemnización debe satisfacer las siguientes condiciones:

 

  1. a) Debe surgir de una decisión jurisdiccional, en cualquiera de sus formas. No puede circunscribirse, pues, únicamente a las sentencias; b) Los sujetos activos deben ser, en consecuencia, jueces y magistrados, sean titulares o suplentes, o personas que ejerzan sus funciones en virtud de las distintas relaciones de servicio con la Administración de Justicia; c) Los errores han de ser crasos, patentes y manifiestos. Así ocurre respecto de los enunciados fácticos de las decisiones judiciales. Estos errores deben mostrarse como indubitables frente a un simple examen empírico de las actuaciones judiciales. En el caso de los errores de materia de derecho, la decisión judicial ha de conducir a un resultado absurdo e ilógico. Esto supone que las decisiones judiciales simplemente desacertadas no pueden ser consideradas como casos de error judicial indemnizable. Ni la mera revocación o anulación de una resolución judicial implica por sí sola el derecho a indemnización; d) La responsabilidad indemnizatoria a la que da lugar el error judicial es puramente objetiva, no es necesario pues que el juez o magistrado haya actuado con dolo o culpa; e) Sí se requiere, en cambio, que la parte supuestamente afectada por un error judicial no se haya comportado de manera dolosa o culposa. Ya tampoco daría lugar a una indemnización un caso de error judicial debido a fuerza mayor; f) Para que haya derecho a indemnización por cada de error judicial es necesario la acreditación de un daño efectivo, individualizable y económicamente evaluable. Y ha de ser una relación de causalidad entre el error judicial y el daño ocasionado; y, g) Finalmente, en España se exige que la declaración de error judicial la realice mediante sentencie el Tribunal Supremo y que se hubieran agotado previamente todos los recursos existentes para el supuesto damnificado[51]

 

En este punto, previo al desarrollo de la naturaleza de la figura en estudio, cabe hacer un punto de inflexión y preguntarse si existe alguna diferencia entre el error judicial con el error inexcusable, puesto que en muchas de las resoluciones adoptadas por el órgano administrativo de la Función Judicial y como hemos visto también en la doctrina, se ha hecho referencia a la conceptualización del error judicial.

 

Tanto el error judicial como el inexcusable comparten un mismo principio en el que sustentan, este es el principio responsabilidad. Vanesa Aguirre Guzmán señala que, ciertamente es difícil definir lo que debería entenderse por error inexcusable, siendo tal que algunos autores lo han calificado como una noción del error judicial de la cual se deriva.[52]

 

En efecto, si nos acogemos a la toda la doctrina que ha sido vertida para el efecto en los sumarios administrativos sustanciados por el Pleno del Consejo de la Judicatura, todos ellos parten de elementos y nociones que hacen referencia al error judicial y no en forma determinada a lo que se debería entender como error inexcusable como causa de responsabilidad administrativa.

 

En nuestra Constitución de la República se establece, como un título de imputación[53] y de responsabilidad objetiva del Estado al error judicial, mismo que por su naturaleza, no implica generalmente ser inexcusable, sino que, por su propia naturaleza y conforme se ha indicado ut supra es concebido como una equivocación culposa, de atribuírsele ignorancia excusable, un acto no intencional, es decir negligente o culposo. Empero, el Estado está obligado a reparar a los ciudadanos que sean afectados por errores judiciales, siendo esta responsabilidad objetiva, es decir, sin miramientos a actos cometidos de forma dolosa o culposa.

 

Según lo señala Vicente Guzmán Fluja, el error judicial es un título de imputación específico y privativo de la responsabilidad estatal derivada de la actividad de administrar justicia, por cuanto esta actividad implica un desarrollo especifico de la Función Judicial, realizado a través de la actividad monopólica del Estado de administrar justicia que recae en dicha función.[54]

 

Si bien es cierto se podría decir que entre estos dos conceptos existe una relación género-especie, siendo el error judicial el género y el error inexcusable la especie; este último contiene determinadas particulares que, en cierta manera, le da una connotación diferente a su naturaleza jurídica.

 

Se podría decir que existen varias características que son asimilables e igualitarias referente a la comparación entre error judicial y error inexcusable,  por lo tanto comparten ciertas características comunes tales como ser una modalidad de funcionamiento anormal de la administración de justicia[55] y en consecuencia se configuran generalmente como una equivocación frente a una determinada realidad, la diferencia entre estas dos radica en el tipo de responsabilidad[56] y la conducta que se establece en nuestra legislación para cada caso. Para que exista responsabilidad es preciso que la acción u omisión sea antijurídica, aunque éste consista en el principio general de no causar daño a otro en las relaciones entre particulares[57]

 

Mientras el error judicial se produce con independencia de una conducta negligente o dolosa y que depende únicamente de la haberse inferido un daño que se reputa antijurídico; el error inexcusable, a pesar de la defectuosa redacción del artículo que contiene su descripción, necesariamente se llega a producir por una conducta negligente o culposa e incluso dolosa por parte del infractor. Empero aquello conllevaría que, independientemente de si se comete error judicial o error inexcusable, de todas maneras el Estado sería responsable objetivamente por dichos actos considerados como tal.

 

Analizada la norma que contiene la descripción de la causal de responsabilidad por error inexcusable, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se podrá llegar a la conclusión que la descripción de esta figura se encuentra defectuosamente elaborada y tal como si se realiza una interpretación literal y semántica de dicha norma nos conduciría a un absurdo, pues esta redacción no distingue como elementos integradores de la infracción a la culpa y/o al dolo, sino que por el contrario los aparta.

 

La oración que describe la infracción contempla tres conductas diferentes en un mismo tipo, esto es, el ser cometidas “con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable”; esta descripción lejos de encontrarse formada por una expresión copulativa, vinculada através de la conjunción “y” que demostraría unión entre conductas, contiene una expresión disyuntiva “o” que implica una opción o alternativa diferente, separando de esa forma al dolo y a la manifiesta negligencia del error inexcusable, configurándose esta última figura como independiente de las otras dos conductas.

 

Sin embargo de esta defectuosa descripción normativa, para efectos del presente estudio analizará el error inexcusable de acuerdo a su naturaleza jurídica teniendo en cuenta sus orígenes en la Ley Orgánica del Poder Judicial[58] y resoluciones del Tribunal Supremo Español[59], por lo tanto entendiendose que esta se ha efectuado cuando, aunque sin intención, se hubiese dictado una providencia manifiestamente contraria a ley o se hubiera faltado a algún trámite o solemnidad, mandada observar por la misma bajo pena de nulidad[60]

 

El Tribunal Supremo Español, respecto del error inexcusable, ha llegado a determinar lo siguiente:

  1. La negligencia o ignorancia debe derivarse de una actuación claramente dolosa o culposa del Juez o Magistrado, lo que se dará cuando se haya procedido con infracción manifiesta de una ley sustantiva o procesal, o faltando a algún trámite o solemnidad mandado observar bajo pena de nulidad (STS de 23 septiembre 199453).
  2. La negligencia o ignorancia ha de ser manifiesta para que sea cohonestable con la «voluntad negligente o la ignorancia inexcusable», pues de otra suerte solamente podría conceptuarse como simple «error judicial» (STS de 20 enero 1972, 23 diciembre 1988, 23 septiembre 1994 y 9 febrero 1999).
  3. Debe haberse producido una infracción de una norma de las denominadas “rígidas” (imperativas) o “no flexibles”. Así pues, para considerar que se ha infringido un precepto ha de establecerse en él en una concreta y determinada forma de actuar -rigidez-, pero cuando su fijación ha de acomodarse a las circunstancias subjetivas y objetivas del procedimiento, ponderadas por el Juez o Magistrado -flexibilidad- el fallo podría constituir, si acaso y todo lo más, un error judicial pero nunca una negligencia o ignorancia inexcusables aparejadoras de actuación culposa o dolosa de quien interpretó la norma (STS de 23 diciembre 1988).
  4. A la hora de determinar la existencia del comportamiento culposo deben tenerse en cuenta ex artículo 1104 CC las diversas circunstancias y condiciones en que se desempeña la función judicial en relación con el sistema jerárquico de recursos, la labor unificadora de la jurisprudencia, el margen de error o desacierto inevitable en una actividad de esta naturaleza (que exige desechar como fundamento de la responsabilidad la divergencia entre la sentencia a la que se impute el daño –aun cuando sea desacertada– y el criterio extraído de las opiniones del demandante o de otras resoluciones judiciales o antecedentes doctrinales de otra naturaleza: STS de 13 septiembre 2000), los remedios reconocidos por el ordenamiento jurídico para enmendar estos desaciertos, la preparación y situación profesional del juez o magistrado y la carga de trabajo a que se encuentra sometido (STS de 20 diciembre 2006).
  5. La existencia de un perjuicio económico efectivo, evaluable y susceptible de ser individualizado (STS de 20 diciembre 2006).
  6. El daño o perjuicio económico no debe poder ser reparado de otra forma, lo que implica que las reclamaciones formuladas no pueden prosperar sin el agotamiento de los remedios hábiles para revisar la resolución a la que se imputa el perjuicio (STS de 7 febrero 2006 y 20 diciembre 2006).
  7. Finalmente, debe probarse la existencia de una relación de causalidad directa e inmediata entre la acción u omisión productoras del daño o perjuicio y el resultado[61].

 

Sin embargo y en conclusión, por lo anotado, a pesar de ser evidente la deficiente descripción de la norma que prescribe al error inexcusable, se podría concluir que esta figura, comprendida adecuadamente se configura o se constituye como un desacierto o equivoco injustificable, irrazonable e ilógico de un mandato o hecho claro e inconfundible que no es susceptible de subsumirse mediante interpretaciones racionales; por lo tanto, para que exista error inexcusable se deben verificar los siguientes requisitos:

 

  • Debe ser un error craso, extraordinario y patente, que sea totalmente absurdo, ilógico e incompatible con todo raciocinio derivado de un sentimiento de rectitud
  • Debe haberse vulnerado un mandato o hecho claro, expreso e inconfundible, por ende, de ser un caso que pueda tener una o más respuestas correctas, la decisión no podría subsumirse en cualquiera de esas decisiones o interpretaciones correctas.
  • La decisión que contenga el error inexcusable debe encontrarse en firme y ejecutoriada, es decir que no pueda ser modificada o alterada.
  • Debe haber provocado daños
  • No debe existir otro mecanismo de reparación o de revisión
  • Debe considerarse las circunstancias externas e internas que provocaron la actuación, como por ejemplo, la carga procesal, la reincidencia, la experiencia, entre otros.

 

El objeto de dicha sanción por error inexcusable forma parte de la estructura orgánica de la depuración en la administración de justicia de los malos funcionarios que la conforman; y esto es entendible, tal como está estructurado el sistema de la carrera judicial, a diferencia de otros sistemas, la designación al cargo de un juez, fiscal o defensor público está sujeto a un procedimiento concursal de méritos y oposición[62], en el cual, de acuerdo al grado de conocimientos, experiencia y otros factores, el participante pasa, luego de varios filtros, para formar parte de la escuela de la Función Judicial, para posteriormente a su aprobación y en el caso de ser meritorio ser designado como juez, defensor público o fiscal.

 

En conclusión se debe señalar que la naturaleza jurídica del error inexcusable es un elemento depurador de los funcionarios deficientes que forman parte de la Función Judicial, debiendo recalcarse que esta infracción afecta únicamente a los jueces, fiscales y defensores públicos.

[1] Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, Registro Oficial, Suplemento 544 de 09 de marzo de 2009

[2] La derogada Ley Orgánica de la Función Judicial en su artículo diez establecía tres tipos de prohibiciones generales para los administradores de justicia, siendo estos el manifestar su opinión anticipada, ser síndicos o depositarios de las cosas litigiosas y ausentarse del lugar de su residencia ordinaria, sin licencia previa del superior de acuerdo a la ley y el reglamento; dicha norma establecía la competencia para nombrar o remover a los ministros de las  Cortes Superiores, así como destituir a jueces, funcionarios y empleados de la Función Judicial por mala conducta notoria o faltas graves en el cumplimiento de sus deberes o abandono del cargo por más de ocho días.

[3] Ecuador, Corte Suprema de Justicia. Registro Oficial 182 del 02 de Octubre de 2003.

[4] Ecuador, Ley Orgánica de la Función Judicial, Decreto Supremo 891, Registro Oficial 636 del 11 de septiembre de 1974

[5] Ecuador, Ley No. 20 Reformatoria a la Constitución Política de la República, Registro Oficial. Suplemento 93 del 21 de diciembre de 1992

[6] Santiago Andrade Ubidia, La constitución política y la administración de justicia en La estructura constitucional del estado ecuatoriano (Quito: Corporación Editora Nacional, 2004), 254.

[7] Cfr. Santiago Andrade Ubidia, La Constitución política y la administración de justicia, en La estructura constitucional del Estado ecuatoriano (Quito, Corporación Editora Nacional, 2004), 219.

[8] Ecuador, Ley Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial, Registro Oficial, Suplemento 490 del 13 de julio de 2011.

[9] Es necesario precisar que el artículo citado fue reformado por Resolución Legislativa publicada en el Registro Oficial, Suplemento 490 del 13 de julio de 2011, tras la aprobación del referéndum y consulta popular, convocada mediante decreto ejecutivo 669 del 21 de febrero de 2011 y efectuada el 7 de mayo de 2011.

[10] Art. 113 del Código Orgánico de la Función Judicial.- “Ejercicio De La Acción.- La acción disciplinaria se ejercerá de oficio, o por queja o denuncia.  Podrán presentar queja: La Presidenta o el Presidente de la República, la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional; la Presidenta o el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; la Contralora o el Contralor General del Estado; la Procuradora o el Procurador General del Estado; la Presidenta o el Presidente y los demás vocales del Consejo de la Judicatura; las primeras autoridades de los órganos autónomos; las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia así como las conjuezas y los conjueces de la misma; y las juezas y jueces de las cortes provinciales, tribunales penales y juzgados de primer nivel; el Comandante General y los jefes de unidades de la Policía Nacional; y, la Auditora o el Auditor Interno.

Podrá presentar denuncia escrita, cualquier persona natural o jurídica, grupo de personas, pueblo o nacionalidad, que tenga interés directo en un juicio o servicio solicitado. Presentada la denuncia se reconocerá la firma ante el funcionario encargado de tramitarla. (…)”

Sobre este tema, véase también lo establecido en el artículo 60 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Disciplinaria del Consejo de la Judicatura expedido mediante resolución 029-2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura y publicado en el Registro Oficial, Suplemento 455 del 10 de marzo de 2015 que establece como sujetos activos del procedimiento administrativo a los siguientes: (a) La Directora o Director Provincial del Consejo de la Judicatura; y, (b) el Pleno del Consejo de la Judicatura en caso de apelación.

 

[11] Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura, Expediente No. MOT-702-UCD-012-MAC del 07 de marzo de 2013)

[12] Luis Pásara, La independencia judicial en la reformar de la justicia ecuatoriana (en: http://www.dplf.org/sites/default/files/indjud_ecuador_resumenejecutivo_esp.pdf), 53 (Fecha de revisión 06.01.2016)

[13] Quien -a la fecha de la conclusión del presente trabajo- ejerce funciones de Presidente del Consejo de la Judicatura.

[14] Sobre el tema véase (http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/jueces/Respuesta%20del%20Consejo%20de%20la%20Judicatura%20a%20Human%20Rights%20Watch.pdf). Fecha de consulta 02.10.2016

[15] Tampoco es recomendable que se dé una conceptualización en la legislación de la figura del error inexcusable, sin embargo, para efectos de delimitar su campo de acción, creo que hubiese sido conveniente establecer los elementos configurativos del mismo, como –en el caso del error judicial- ocurre en la legislación colombiana; véase, por ejemplo, en el caso colombiano el artículo 71 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996, publicada en el Diario Oficial, No. 42.725 (15 de marzo de 1996), en que se determina los siguientes presupuesto y presunción de dolo o culpa grave del funcionario judicial las siguientes: (1) la violación de normas de derecho sustancial o procesal, determinada por error inexcusable; (2) el pronunciamiento de una decisión cualquier, restrictiva de la libertad física de las personas, por fuera de los cosas expresamente previstos en la ley o sin la debida motivación (3) la negativa arbitraria o incumplimiento injustificado de los términos previstos por la ley procesal para el ejercicio de la función de administrar justicia o la realización de actos propios de su oficio, salvo que hubiere podido evitarse el perjuicio con el empleo de recurso de la parte que dejó de interponer.

[16] Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, (http://dle.rae.es/?id=G47B9qL). Fecha de consulta 02.10.2016

[17] Guillemo Cabanellas, Diccionario jurídico; véase también la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, dentro del expediente Disciplinario Of-912-ECD-013-AS, del 14 de octubre de 2014 (Judicatura vs Benjamin Pineda Cordero), 6.

[18] Juan Carlos Hitters, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación (Buenos Aires, Librería Editora Platense S.R.L., 1984), 216

[19] Cabanellas, Diccionario jurídico

[20] Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario No. D-0879-UCD-2013-PM. Quito, 20 de diciembre de 2013, a las 11h01.

[21] Nótese, por ejemplo, que en esta conceptualización el error inexcusable se concentra única y exclusivamente en la facultad de administrar justicia; permitiendo con ello que el sujeto de la relación jurídico procesal sea reservado exclusivamente al juez, quien tiene dicha potestad.

[22] Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-142-UCD-012-PM. Quito, 14 de marzo de 2012, a las 17h36. Véase en: (http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2012-0142P.pdf) Fecha de revisión: 09.10.2016. En este caso trata de una acción de protección propuesta en contra de una resolución administrativa tomada el 30 de abril de 2001 en la que se resolvió separar a un miembro de la Policía Nacional por abandonar su trabajo por más del tiempo que establecía el Reglamento vigente a la época; resolución que fue revocada por haber sido declarada dicha acción constitucional con lugar tanto en primera como en segunda instancia. La ratio del Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición de fundamentó en que dicha resolución debió –en la época en la que se dictó- ser impugnado por el medio adecuado vigente a dicho tiempo, es decir, mediante una acción contencioso administrativa y no haberse interpuesto la acción constitucional de protección, esto de acuerdo a lo que establece el numeral 4 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El caso resulta curioso, pues se da inicio al proceso bajo la acusación de haber cometido la infracción disciplinaria establecida en el numeral 8 del artículo 108 del COFJ, esto es, por no haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda o en general en la substanciación  y resolución de las causas, haber violado los derechos constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República y se concluye sancionado por otra infracción, esto es , por error inexcusable.

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-620-UCD-011-PM. Portoviejo 27 de marzo de 2012, a las 16h11. Véase también en: (http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0620P.pdf) Fecha de revisión: 09.10.2016

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-046-UCD-012-MEP. Quito, 21 de marzo de 2012, las 13h20. Véase en: (http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2012-0046P.pdf). Fecha de revisión: 09.10.2016

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-146-UCD-012-PM. Quito, 14 de marzo de 2012, las 17h38. Véase en: (http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2012-0146P.pdf). Fecha de revisión: 09.10.2016

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-179-UCD-012-MEP. Quito, 21 de marzo de 2012, las 18h05. Véase en: (http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2012-0179P.pdf). Fecha de revisión: 09.10.2016

Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-316-UCD—011-PM (DPRL—014-10-AR). Quito, 26 de agosto de 2011, las 13h55. Véase en: (http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0316P.pdf). Fecha de revisión: 09.10.2016

[23] Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario No. D-0879-UCD-2013-PM. Quito, 20 de diciembre de 2013, a las 11h01.

[24] Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-193-UCD-010-CS (OF-05-2010). Quito, 18 de agosto de 2011, a las 13h08. Véase en: (http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2010-0193P.pdf). Los elementos fácticos del caso se concretaban a la admisión y sentencia emitida dentro de un juicio ordinario por nulidad de dos sentencias emitidas dentro de procesos ejecutivos; hecho que fue revisado por la Sala de la Corte Provincial del Carchi y declarado la nulidad del proceso por la incorrección del trámite y la declaratoria judicial de error inexcusable.

[25] Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-515-UCD-011-MAC (001-DPN-CJ011). Quito, 25 de enero de 2012, las 18h20. Véase en: (http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0515P.pdf). En este caso se trató de una acción de protección, sobre cuya resolución negativa fue propuesto un recurso de apelación, el cual fue negado por el juez aduciendo haber sido presentado de forma extemporánea, cuando este fue presentado a tiempo y así como por haber negado el recurso de hecho sobre la negativa de concesión del recurso de apelación.

[26] Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. MOT-642-UCD-011-PM (DPRL—013-2011-JJ). Quito, 27 de octubre de 2011, las 18h20. Véase en: (http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0642P.pdf). Fecha de revisión: 09.10.2016

[27] Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. A-556-UCD-011-PM (DG-570-2010-M). Guayaquil, 9 de febrero de 2012, a las 14h25. Véase en: (http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0556A.pdf). Fecha revisión 09.10.2016

[28] Miguel Hernández Terán, La tutela judicial efectiva como instrumento esencial de la democracia (Guayaquil: Offset Graba, 2005), 21

[29] Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario No. MOT-763-UCD-011-NA (OF-DG-361-2011-M). Quito, 20 de diciembre de 2011, las 18h55. Véase en: (http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0763P.pdf). Fecha de revisión: 09.10.2016

[30] Miguel Hernández Terán, La tutela judicial efectiva como instrumento esencial de la democracia (Guayaquil: Offset Graba, 2005), 30

[31] Véase: (http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/)

[32] Adjunto en anexo a la presente investigación el oficio CJ-SG-C-2015-466, suscrito en Quito el 30 de abril del 2015 por el Dr. Andrés Segovia Salcedo, quien en referencia a mi oficio No. 0037-CCSC.SC-2015 del 24 de abril de 2015, me comunica la negativa de concesión de los expedientes por error inexcusable que se han seguido en el Consejo de la Judicatura.

[33] Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. A-557-UCD-11-MAC (DPM-114-2010). Quito, 18 de octubre de 2011, 9h45. Véase en: (http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0557A.pdf). El caso versa sobre la ejecución de un pago, cuando la providencia que disponía aquello, aún no se encontraba ejecutoriada.

[34] Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario No. A-320-UCD-011-PM (OF-DG-105-2011-S). Véase en: (http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2011-0320A.pdf). Fecha de revisión: 09.10.2016. El caso trata sobre una acción de protección respecto de varios contrato suscritos con el Ministerio de Vivienda que se declararon unilateralmente terminados por dicho ente; el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición en su ratio observa que los sumariados no observaron que no exista otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado y que se permitió por los sumariados se resuelva un asunto de mera legalidad en materia constitucional

[35] Ecuador, Pleno del Consejo de la Judicatura. Expediente Disciplinario No. MOT 086-UCD-012-MEP. Portoviejo, 27 de marzo de 2012, las 16h08. Véase en (http://app.funcionjudicial.gob.ec/ucd/Resoluciones/2012-0086P.pdf). Fecha de revisión: 09.10.2016. El caso consiste en la declaratoria de abandono de un juicio relativo a menores de edad, lo cual, de acuerdo al artículo 381 del Código de Procedimiento Civil, vigente a la época, se encontraba expresamente prohibido.

[36] Jaime Marroquín Zaleta, El error judicial inexcusable como causa de responsabilidad administrativa, 10 (http://www.corteidh.or.cr/tablas/20518.pdf);

[37] Ecuador, Consejo de la Judicatura. Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición. Expediente Disciplinario MOT-642-UCD-011-PM (DPLR-013-2011-JJ), Quito, 27 de octubre de 2011, las 18h20.

[38] Jaime Marroquín Zaleta, El error judicial inexcusable como causa de responsabilidad administrativa, 10 (http://www.corteidh.or.cr/tablas/20518.pdf)

[39] Ecuador, Consejo de la Judicatura, Expediente Disciplinario No. D-0879-UCD-2013-PM, Quito, 20 de diciembre de 2013

[40] Ecuador, Consejo de la Judicatura, expediente disciplinario No. MOT-086-UCD-012-MEP

[41] Téngase en consideración que el concepto que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el utilizado, usualmente, como obiter en las decisiones que sobre el tema ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela; es decir, no responde a un criterio generado por parte de la CorteIDH, sino que se toma como parte de los obiters generados en la legislación interna en estudio.

[42] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Apitz y otros vs Venezuela, Sentencia de fondo, apartado 34

[43] Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Apitz y otros vs Venezuela, Sentencia de fondo, apartado 34

[44]Jaime Marroquín Zaleta, El error judicial inexcusable como causa de responsabilidad administrativa, (México D.F.: Suprema Corte de Justicia de la Nación, primera edición, 2001), 7 (http://www.corteidh.or.cr/tablas/20518.pdf), sostiene que el error judicial “es una equivocación crasa, cometida culposamente por un juez, magistrado o grupo de magistrados, que causa daño significativo”

[45] Bueno Arus, La responsabilidad estatal por errores judiciales en Estudios penales y penitenciarios (1981), 95; quien señala al error judicial como “la actuación o decisión judicialmente injusta, no maliciosa, debida a un insuficiente conocimiento de los hechos o de las normas aplicables, con independencia que el mismo hubiera, técnicamente, de atribuirse a ignorancia excusable, simple imprudencia o caso fortuito.

[46] Vicente Guzmán Fluja, El derecho de indemnización por el funcionamiento de la administración de justicia, (Valencia, Tirant Lo Blanch, 1994), 152.

[47] Jaime Marroquín Zaleta, El error judicial inexcusable como causa de responsabilidad administrativa, 13 (http://www.corteidh.or.cr/tablas/20518.pdf),

[48] Valeriano Hernández Martin, El error judicial, procedimiento para su declaración e indemnización (Madrid: Civitas, 1994), 81; véase también: Vicente Guzmán Fluja, El derecho de indemnización por el funcionamiento de la administración de justicia, 56

[49] Jorge Malem Seña, Javier Ezquiaga Ganuzas y Perfecto Andrés Ibañez, El error judicial. La formación de los jueces (Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009), 12-13.

[50] Javier Dzquiaga Ganuzas, Aciertos y fallos judiciales en El error judicial. La formación de los jueces (Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009), 61-62.

[51] Jorge Malem Seña, Javier Ezquiaga Ganuzas y Perfecto Andrés Ibañez, El error judicial. La formación de los jueces (Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2009), 14-15.

[52] Vanesa Aguirre Guzmán, La administración de justicia en Ecuador, 2012 (http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/4108/1/Aguirre,%20V.-La%20administracion.pdf), 19. Fecha de consulta: 01.03.2016

[53] Vicente Guzmán Fluja, El derecho de indemnización por el funcionamiento de la administración de justicia (Valencia: Tirant lo Blanch, 1994), 133.

[54] Vicente Guzman Fluja, El derecho de indemnización por el funcionamiento de la administración de justicia (Valencia: Tirant lo Blanch, 1994), 35.

[55] Vicente Guzmán Fluja, El derecho de indemnización por el funcionamiento de la administración de justicia (Valencia: Tirant lo Blanch, 1994), 134

[56] Hans Kelsen, Teoría General del Derecho y del, 76

[57] Santos Briz, Comentarios al Código Civil y compilaciones, 105

[58] España, Ley 6/1985, Ley Orgánica del Poder Judicial, Jefatura del Estado, No. 157, del 2 de julio de 1985. En su artículo 417 numeral 14 establece que son faltas muy graves, la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales

[59] Entiende por error inexcusable como un desequilibrio patente o indudable con la normativa legal, consistente en aplicar un precepto legal inequívocamente inadecuado o interpretado de forma absolutamente inidónea, como cuando se ha tenido en cuenta normas inexistentes, caducadas o con su integración palmaria y bien expresiva en su sentido contrario o con oposición frontal a la legalidad, llegando a conclusiones y decisiones ilógicas, absurdas y arbitrarias de lo que la recta justicia debe procurar; esto puede verse en las sentencias emitidas por dicho Tribunal Supremo del 5 de diciembre de 2007, 22 de abril de 1996 y 22 de mayo de 1996, 15 de octubre de 1993, y 25 de junio de 2003.

[60]Francisco Oliva Blásquez, La responsabilidad civil de los jueces y magistrados por ignorancia inexcusable, (Barcelona: Revista para el análisis de Derecho, 2010), 10. Véase en: (http://www.indret.com/pdf/763_es.pdf). Fecha de revisión: 04.12.2016

[61] Francisco Oliva Blásquez, La responsabilidad civil de los jueces y magistrados por ignorancia inexcusable, (Barcelona: Revista para el análisis de Derecho, 2010), 15-16. Véase en: (http://www.indret.com/pdf/763_es.pdf). Fecha de revisión: 04.12.2016

[62] La aplicación de la figura del error inexcusable me lleva a concluir que el sistema de elección de jueces tiene varias deficiencias, pues el solo hecho del alto grado e índice de la aplicación de esta figura jurídica conllevaría implícitamente la aceptación que se han cometido graves errores y falencias en la elección de dichos funcionarios judiciales.

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