EL SILENCIO ADMINISTRATIVO Y SUS REPERCUSIONES EN EL DERECHO DE PETICIÓN

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación apunta a entender las repercusiones o consecuencias que se generan a causa de la aplicación de la figura del silencio administrativo, la cual nace como consecuencia de la pasividad de la administración frente al ejercicio del derecho de petición, teniendo en cuenta cada una de las particularidades que rodean al acto en sí.

El tema reviste una trascendental importancia en la sociedad en virtud de que, dentro del quehacer diario de los ciudadanos, el derecho de petición es ejercido con mucha frecuencia, evidentemente cada uno de estos con sus determinados objetivos.

En la práctica, es evidente que este derecho tiene un alto grado de incidencia social en la cotidianidad de los ciudadanos, por ello el tema requiere un tratamiento especial y detallado, que nos brinde una guía para su ejercicio.

A pesar de existir obras académicas nacionales relevantes sobre el tema, a diferencia de otras materias, su desarrollo ha quedado rezagado en comparación de otros tópicos, lo cual ha llevado a crear ciertas confusiones dentro de nuestra jurisprudencia y sobre las cuales se espera en este trabajo brindar aportes para solucionar determinados problemas.

La presente investigación tiene su importancia, relevancia y justificación en la trascendencia y alcance que actualmente tiene el silencio administrativo, sus consecuencias y efectos, que puestos en la práctica traen como resultado una serie de discrepancias jurídicas respecto de su aplicabilidad. La figura del silencio administrativo tiene como pilar fundamental el derecho de petición, el cual es un derecho fundamental, muchas veces menospreciado por la administración.

El derecho de petición, como un derecho derivado de la libertad, el derecho de comunicación, parte de peculiares caracterizaciones, las que trataremos de analizar en este estudio, veremos pues que además de ello se lo considera como un factor y facultad de control, que para el caso en concreto se lo ejerce sobre la administración pública, del cual devienen ciertas garantías se sistemática aplicación, entre las cuales se destaca el silencio administrativo.

Lastimosamente, ante el abundante crecimiento de la burocracia en nuestro país, en muchas ocasiones, las peticiones y requerimientos realizados por el ciudadano a la administración han quedado archivadas en los anaqueles de la historia de las instituciones públicas.

En fin la presente investigación tratará de aportar muchos cuestionamientos resultante de la aplicación del silencio administrativo, el ejercicio del derecho de petición, sus limitaciones, las variadas consecuencias que se producen ante el silencio de la administración, su forma de ejecución, entre otras.

 

CAPITULO I

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO: ANTECEDENTES Y NOCIONES GENERALES

  1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

 

El silencio administrativo nace como consecuencia de la pasividad de la administración frente al planteamiento de las peticiones que realizan los administrados. El fundamento principal para la existencia del silencio administrativo es el derecho de petición.

 

El derecho de petición se encuentra establecido en artículo 66 numeral 23 de la Constitución de la República, en el cual se lo caracteriza como aquel derecho de dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas y en contraprestación a recibir atención o respuestas motivadas.

 

Este derecho inicialmente estaba concebido como una dádiva que le daba el monarca a sus súbditos, para que estos a su vez, puedan plantear sus proposiciones. A lo largo de la historia este derecho se ha ido transformando radicalmente hasta llegar a considerarse como un derecho fundamental que nace de la libertad de las personas.

 

En el Ecuador, el derecho de petición aparece por vez primera en el artículo 95 de la Constitución de 1843[1] en el que se lo concebía como aquel que podía ser ejercido por uno o más individuos a su nombre, pero jamás a nombre del pueblo; cierta particularidad del citado artículo se mantiene hasta hoy en día, no obstante, este derecho fue variando a través de la historia política de nuestro país, así pues podremos ver que en la Constitución de 1878[2] se desarrolla más la redacción respecto de este derecho al incorporase como parte del derecho de la libertad de las personas. Posteriormente, en la Constitución de 1945[3] se establecen plazos para dar contestaciones al derecho de petición, como se señaló este derecho se ha ido desarrollando paulatinamente, hasta presentarse como actualmente lo reconoce nuestra Constitución actual: como un verdadero derecho y garantía constitucional.

 

El silencio administrativo vio en su naturaleza un cambio radical en su concepción a partir de la publicación de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada[4], por cuanto -como lo señala José Meythaler- el legislador decidió abandonar un sistema odioso que premiaba la vagancia y el autoritarismo de los agentes estatales en desmedro de los intereses de los individuos y la agilidad de las relaciones económicas, factores importantes dentro de un sistema que buscaba dar preferencia a la iniciativa privada, como nuevo sustento de la economía nacional[5]

 

Es así que tras la entrada en vigencia de la Ley de Modernización la concepción del silencio administrativo negativo para el administrado adquirió un radical cambio en beneficio del peticionario, en el primer caso, si no se respondía fenecido término para contestar dicha petición, se entendía negado, facultando al administrado acudir al Tribunal Contencioso Administrativo para impugnar dicho acto, no obstante, con la reforma, al no contestarse la petición dentro del término establecido, se entendía habérsele otorgado favorablemente la petición, en beneficio del ciudadano que ejerció su derecho de petición, facultándole a éste acudir al órgano jurisdiccional a solicitar la ejecución del mismo e incluso solicitarlo dentro de la misma administración bajo el principio de la auto tutela.

 

  1. NATURALEZA Y FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

 

El silencio administrativo se produce como consecuencia de la pasividad o inactividad de la administración pública frente al ejercicio del derecho de petición, entendiéndose que si la administración no ha dado contestación a la petición formulada por parte del ciudadano, esta genera un verdadero acto presunto a favor del administrado, dando la facultad a este para que pueda pedir su ejecución en la vía judicial.

 

Esta figura tiene como su fundamento principal al derecho de petición; visto desde esta óptica, para el autor cuencano Patricio Cordero el silencio administrativo encuentra su fundamento como consecuencia del principio del estado de derecho y de legalidad, el cual subordina la actividad de las administración pública a la supremacía de la norma constitucional, pues –se señala- si las personas tenemos derecho a dirigir peticiones, las autoridades están en la obligación de contestarlas dentro de un plazo adecuado[6]. Para Gustavo Penagos el fundamento del silencio administrativo se encuentra en evitar la arbitrariedad de los funcionarios y la injusticia que origina la abstención n de la administración al no resolver[7]

 

Para Miguel Marienhoff citado por Agustín Gordillo, el silencio, materialmente es inactividad por parte de la administración, es un vacío en obrar; no obstante esta ausencia de pronunciamiento esta coloreada por el ordenamiento, dándole un significado determinado[8], no obstante, para autores como Manuel María Diez[9] y Marienhoff el silencio administrativo viene a constituir una especie de “no acto” a consecuencia de la conducta inexpresiva de la administración, el cual para Diez no constituye una declaración de voluntad sino un hecho; criterio que no es compartido por Cordero quien manifiesta que para los efectos de su ejecución es necesaria la existencia de un acto administrativo, en este caso, presunto con contenido favorable al administrado, es decir positivo como lo regula nuestro ordenamiento jurídico.

 

De lo expuesto, se establece que el silencio administrativo, nace como una limitación y regulación al abuso de la administración, frecuentemente autoritaria y arbitraria, buscando de esta forma un balance y equidad entre la administración y el ciudadano, para hacer prevalecer un verdadero estado de derecho y legalidad.

 

El autor Dante Cervantes Anaya, refiere que hay silencio en sentido jurídico cuando una persona no ha demostrado su voluntad respecto a un acto jurídico, ni por acción especial a este efecto, voluntad expresa, ni por una acción de donde se pueda deducir su voluntad, voluntad táctica, por lo que para el autor citado, el silencio administrativo constituye una ficción que la ley establece en beneficio del particular (administrado) complemente indispensable de la obligación de resolver. Lo trascendental de esta institución  –señala Cervantes- es el hecho de que, a la falta de respuesta a la administración se le atribuye un significado concreto y así, se considera estimada (silencio positivo) o desestimada (silencio negativo), según los casos, la solicitud del ciudadano cuando la administración incumple su deber de resolver.[10]

 

Finalmente cabe decir que a decir de Cordero, criterio con el cual concuerdo, el silencio administrativo es una manifestación de voluntad presunta de autoridad pública en ejercicio de potestades administrativas, y que, como tal, constituye un acto administrativo, que ante la ausencia de pronunciamiento expreso de la misma, dentro del tiempo legalmente fijado para el efecto, debe ser entendido en el sentido en el que la Ley lo establezca.

 

El silencio administrativo encuentra su fundamento constitucional en el derecho de petición, pues es en base de este derecho en el cual tiene su principal sustento. El derecho de petición para Robespierre, referido por Cienfuegos[11], es el derecho imprescriptible de todo hombre en sociedad.[12]

 

Si bien es cierto, el derecho de petición ha sido permanentemente establecido dentro de nuestras constituciones a lo largo de la República hasta la Constitución actual, no por ello, debemos desconocer que este derecho, así no se encuentre constitucionalmente consagrado, se encuentra implícita y connaturalmente asociado a la naturaleza propia del ser humano, a partir de que el ser humano adquirió el conocimiento y el arte de expresarse verbalmente y su expresión escrita, este es un derecho que siempre estará acompañado al propio ser humano.

 

El derecho de petición o ius petitum a pesar de ser un derecho generalizado y de gran amplitud en su aplicación que ha venido evolucionando en su forma práctica a través de la historia, ha sido poco o exiguamente tratado, pues muy a pesar de ser unos de los derechos que más puesta en práctica tiene, y sobre el cual su ejercicio se lo verifica en el quehacer diario de los ciudadanos, es un tema que trae una serie de consecuencias jurídicas respecto de su funcionalidad y su naturaleza jurídica.

 

Al respecto, se debe señalar de forma general y preliminar que el derecho de petición se configura como un derecho fundamental, mediante el cual se faculta a los ciudadanos el acceso a las autoridades públicas, debiendo ser, sus peticiones, atendidas dentro de un plazo razonable y cuya contestación debe ser debidamente motivada.

En análisis del tema, la Corte Constitucional colombiana ha manifestado:

“Se trata de uno de los derechos fundamentales cuya efectividad resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio a la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituídas.”[13]

Es decir, el tema tratado se lo engloba dentro de un contexto general, según el cual, el derecho de petición es fundamental para la aplicación de las demás garantías y derechos, y sobre cuya protección caben variadas acciones. Manteniendo la línea, la Corte Constitucional colombiana señala:

“El derecho fundamental de petición se ve satisfecho cuando existe una pronta resolución a la solicitud formulada, independientemente de que dicha decisión le sea favorable o adversa a quién la promovió. No puede confundirse el derecho de petición, como medio para obtener la protección o reconocimiento de otros derechos, con estos últimos. Pues el derecho de petición no implica una prerrogativa en cuya virtud la administración se vea precisada a definir favorablemente las pretensiones del solicitante, razón por la cual no se debe entender conculcado este derecho cuando la autoridad responde oportunamente al peticionario, aunque su respuesta sea negativa”[14]

Dentro del tema eminentemente procesal se ha visto la importancia práctica de la utilización de este derecho del cual, se dice, emana directamente el derecho de acción, por ello el tratadista Eduardo J. Couture señala que “[…] resulta que la acción no es sino una de las formas del derecho de petición que consagra la Constitución”[15], en referencia al tema el autor manifiesta que “la acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamar la solución de un conflicto de intereses”[16], como podremos evidenciar de este concepto emana precisamente de la naturaleza propia del derecho de petición, de ello se extrae la importancia de su aplicación práctica en todo ámbito dentro de la sociedad.

En consecuencia la Corte Constitucional colombiana ha profundizado sobre el estudio de la materia y naturaleza jurídica del derecho de petición, de la cual se desprenden los siguientes elementos:

“(i) la posibilidad cierta y efectiva de presentar, de manera respetuosa, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la facultad de obtener una respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos previstos en el ordenamiento jurídico; (iii) el derecho a recibir una respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad analice la materia propia de la solicitud y se pronuncie sobre la totalidad de los asuntos planteados, es decir, la correspondencia entre la petición y la respuesta, excluyendo fórmulas evasivas o elusivas y; (iv) la pronta comunicación al peticionario sobre la determinación adoptada, con independencia de que su contenido sea favorable o desfavorable. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho fundamental de petición”.[17]

En el artículo 66 numeral 23 de la Constitución de la República establece el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales o colectivas a las autoridades y recibir atención o respuestas motivadas; este derecho está reconocido en nuestra carta magna como un derecho de libertad. Además de haberse consagrado como un derecho en nuestra constitución, también éste se encuentra consagrado en instrumentos internacionales, así podremos verificar que en símiles descripciones se encuentra contenido en: la declaración universal de derechos humanos del 10 de diciembre de 1948, el pacto internacional de derechos civiles y políticos del 19 de diciembre de 1966, el pacto internaciones de derechos económicos, sociales y culturales de 1966, la declaración americana de derechos y deberes del hombre (aprobada por la novena conferencia internacional americana en Bogotá del 30 de marzo al 2 de mayo de 1948) y la convención americana sobre derechos humanos de 1969.

 

  1. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE CONTESTACIÓN A LAS PETICIONES

 

Ante la inactividad de la administración frente al ejercicio del derecho de petición realizada por el ciudadano existen varias consecuencias que se analizarán a continuación, pues cada una de ellas, depende el fundamentalmente contenido, proposición y orientación a la pretensión que a cada petición se le haya dado, las cuales serán analizadas según nuestro ordenamiento jurídico.

 

Según nuestro marco jurídico, el derecho de petición se encuentra amparado en varias acciones que nacen como consecuencia de la falta de contestación a las peticiones que se formulen por parte de los administrados, así tenemos por ejemplo desde la configuración del silencio administrativo hasta el planteamiento de acciones constitucionales para su garantizar su protección; de ahí que, este derecho sustancial se encuentra verdaderamente garantizado por nuestra Constitución.

 

En su mayor parte, las consecuencias que se producen por la falta de contestación diferirán respecto de la pretensión de la petición, así tenemos que en muchas ocasiones existen peticiones que tengan como pretensión el reconocimiento de un determinado derecho, el que se resuelva una situación jurídica, también encontraremos solicitudes para que se preste un determinado servicio, para pedir información, para consultar, examinar y requerir copias de documentos, para presentar quejas e interponer recursos; así las pretensiones varían según sus motivos sea estos de interés general o particular.

 

Entre algunas de las acciones que generalmente se producen tras la omisión de contestación por parte de la administración tenemos a la acción de acceso a la información pública. Quizá la mayor afluencia de las peticiones está relacionada con la obtención de información, sea para fiscalizar los actos de la administración pública, mejorar la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión de gobierno como una herramienta para mejorar la participación ciudadana[18]. Esta acción nace como consecuencia de le denegación de acceso a la información pública sea en forma expresa o táctica de la administración o cuando esta ha sido otorgada pero es incompleta o no fidedigna e incluso si la negativa se sustenta en el carácter de reservado, secreto o confidencial de dicha información. Se considera que ha existido una negativa tácita por parte de la administración cuando transcurrido el término establecido en la ley sin que exista contestación a la petición, el término se encuentra establecido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública[19], la que en su artículo 9 establece que la administración tiene un término perentorio de diez días, el cual puede prorrogarse por cinco días adicionales por causas justificadas.

 

En el presente caso, el efecto que se produce es totalmente contrario a lo que se genera como consecuencia del silencio administrativo positivo, es decir, la ley otorga un efecto negativo a la petición formulada, concediéndole al administrado el acudir a la justicia ordinaria para mediante una acción expedita y rápida, como lo es el acceso a la información, se le otorgue lo solicitado.

 

De igual manera la Constitución de la República recoge como una garantía jurisdiccional a la acción de hábeas data que es aquel derecho que tiene toda persona para conocer de la existencia o acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. De igual manera se establece que mediante esta acción se puede conocer el uso, origen, destino y el tiempo de vigencia de las mismas.

 

Otra de las consecuencias, quizá más recurrente y que mayor impacto genera, es el silencio administrativo, como una manifestación de voluntad presunta que se genera como consecuencia de la ausencia de pronunciamiento expreso dentro del término que la ley establezca a la administración.

 

Tras la publicación de la Ley de Modernización del Estado, privatizaciones y prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa privada[20], las consecuencias de la falta de contestación a las peticiones variaron y por lo tanto dieron un giro radical y profundo.

 

Previo a promulgación de esta ley, las consecuencias eran totalmente distintas, puesto que una vez transcurrido el término establecido en la ley desde la recepción de la petición, esta se entendía negada, por lo tanto, el administrado debía concurrir ante el órgano judicial para impugnar el mismo, con ello evidentemente se prestaba al abuso y arbitrariedad de los funcionarios del Estado, quienes en aras de evitarse la fatiga, nunca contestaban las peticiones; no obstante con la vigencia de la ley de modernización, se estableció como consecuencia principal que una vez transcurrido el término, la petición se entendía concedida, dándosele a esta un efecto positivo, estando por lo tanto el administrado en toda la facultad para solicitar su ejecución.

 

El artículo 28 de la Ley de Modernización originalmente establecía el siguiente contenido:

Art. 28. DERECHO DE PETICIÓN.- Todo reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a quince días, contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que una norma legal expresamente señala otro distinto. En ningún órgano administrativo se suspenderá la tramitación ni se negará la expedición de una decisión sobre las peticiones o reclamaciones presentadas por los administrados. En todos los casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido resuelta en favor del reclamante.

En el evento de que cualquier autoridad administrativa no aceptare un petitorio, suspendiere un procedimiento administrativo o no expidiere una resolución dentro de los términos previstos, se podrá denunciar el hecho a los jueces con jurisdicción penal como un acto contrario al derecho de petición garantizado por la Constitución, de conformidad con el artículo 213 del Código Penal, sin perjuicio de ejercer las demás acciones que le confieren las leyes.

La máxima autoridad administrativa que comprobare que un funcionario inferior ha suspendido un procedimiento administrativo o se ha negado a resolverlo en un término no mayor a quince días a partir de la fecha de su presentación, comunicará al Ministro Fiscal del respectivo Distrito para que éste excite el correspondiente enjuiciamiento[21]

 

Tras la publicación de la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana (también conocida como Ley Trole) en su artículo 12 reformó parte del artículo 28 de la Ley de Modernización estableciéndose de la siguiente manera:

Art. 12.- Al final del primer inciso del artículo 28 agréguese el siguiente:

Para este efecto, el funcionario competente de la institución del Estado tendrá la obligación de entregar, a pedido del interesado, bajo pena de destitución, una certificación que indique el vencimiento del término antes mencionado, que servirá como instrumento público para demostrar que el reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente por silencio administrativo, a fin de permitir al titular el ejercicio de los derecho que correspondan[22].

 

Dicha reforma por cierto que fue muy comentada y criticada por el foro, tanto por su deficiencia práctica como por no ser una medida aconsejable, pues provocaba que el mismo funcionario de la entidad certifique la evidencia que posteriormente será utilizada en su contra, generando como lo describe José Meythaler varios problemas de trasfondo jurídico: por un lado si la competencia cesa por razones de tiempo, una vez concluido el tiempo para suministrar la respuesta correspondiente, cesado en sus facultades, mal cabría que se emplee una especie de prórroga para la certificación, y por otro lado, se da cuando se analiza si el funcionario puede o no certificar dicha información, con esto indudablemente se colocaba al funcionario en una peligrosa alternativa entre el delito y la destitución[23].

 

CAPITULO II

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO EN EL ECUADOR

  1. CONFIGURACIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

 

Como se podrá inferir de lo ya anotado en líneas anteriores, el silencio administrativo, es una manifestación de voluntad presunta que se configura como consecuencia de la ausencia o falta de pronunciamiento de la administración pública frente al ejercicio del derecho de petición. No obstante, cabe precisar ciertas definiciones, a fin de profundizar en el tema de la configuración del silencio administrativo como acto presunto.

 

El acto administrativo se concibe como toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa; mientras que el hecho administrativo es toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativo, productora de efectos jurídicos directos o indirectos, ya sea que medie o no una decisión de acto administrativo previo; los contratos administrativos son aquellas declaraciones bilaterales de voluntad alcanzadas entre un ente estatal o no estatal en ejercicio de una función administrativa y un particular u otro ente público[24]; y, los actos normativos que son la expresión de la voluntad excepcional de la administración que nace del ejercicio de una potestad legislativa atribuida a un órgano del Estado específicamente determinado que produce efectos generales, en el ámbito de su jurisdicción.

 

Por otro lado, el acto administrativo presunto derivado del silencio administrativo, si bien es cierto, se configura por el ministerio de la ley ante la ausencia de manifestación expresa de la administración frente al ejercicio de una petición, no es menos cierto, que dicho acto presunto derivado requiere determinadas características –como en efecto lo tienen los actos administrativos expresos- para que pueda tener validez jurídica, como el de ser, entre otros, regular, sobre el cual me referiré posteriormente al tratar las limitaciones a la ejecución del silencio administrativo.

 

Este acto administrativo presunto y derivado se origina frente a la inactividad de la administración por el término contemplado en la ley ante el ejercicio del derecho de petición, ipso iure se genera un acto presunto, el cual nuestra legislación le confiere efectos positivos, es decir, se entiende que, este derecho que ha nacido por mandato legal, se ha otorgado lo solicitado a favor del administrado.

 

El silencio administrativo se configura plenamente cuando una vez transcurrido el término legal, la administración pública no ha dado contestación al administrado en sus peticiones.

 

  1. ACCIONES QUE SE GENERAN COMO CONSECUENCIA DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

 

La doctrina y la jurisprudencia reiteradamente han establecido que el silencio administrativo positivo permite llevar a la práctica la garantía del derecho de petición que consta en el artículo 66 numeral 23 de la Constitución de la República; pues si bien es cierto este derecho se encuentra garantizado en  nuestra Constitución, habrá siempre que remitirse a los plazos y el sentido que establece la ley.

 

El artículo 2 de la Ley de Modernización regula el ámbito de aplicación de la misma, entendiéndose como campo de su aplicación a todas las entidades, organismos y dependencias del Estado y otras entidades del sector pública, así como a las personas jurídicas creadas por Ley para el ejercicio de la potestad estatal o para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el estado; por lo transcrito se puede apreciar que su campo de aplicación es muy amplio y general. El artículo 28 de la ley de modernización prescribe lo siguiente:

 

Art. 28.- Todo reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a quince días, contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que una norma legal expresamente señale otro distinto. En ningún órgano administrativo se suspenderá la tramitación ni se negará la expedición de una decisión sobre las peticiones o reclamaciones presentadas por los administrados. En todos los casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido resuelta en favor del reclamante […]

De la norma anteriormente transcrita se infiere que, como plazo general para las instituciones del Estado, una vez presentada la petición, esta tiene el término de quince días para contestar, salvo norma en contrario, vencido el cual se entenderá haber sido resuelta a favor del reclamante.

 

Por otro lado, tenemos normativa especial que regula el tema en igual consideración, como es en el caso del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (en adelante COOTAD), la que regula expresamente al funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sobre el tema el artículo 387 señala lo siguiente:

Art. 387.- El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución, dentro de los respectivos procedimientos, será el que se fije mediante acto normativo en cada nivel de gobierno, observando el principio de celeridad. Si la normativa del gobierno autónomo descentralizado no contiene un plazo máximo para resolver, éste será de treinta días.

La falta de contestación de la autoridad, dentro de los plazos señalados, en la normativa del gobierno autónomo descentralizado o en el inciso anterior, según corresponda, generará los efectos del silencio administrativo a favor del administrado, y lo habilitará para acudir ante la justicia contenciosa administrativa para exigir su cumplimiento.

 

A pesar de ello, el artículo 410 del COOTAD en lo referente a la interposición del recurso de apelación, establecía: “El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de treinta días. Transcurrido este plazo, de no existir resolución alguna, se entenderá negado el recurso”[25]; empero, el legislador mediante reforma[26] suprimió el efecto negativo de la falta de contestación que establecía dicho artículo, guardando de esta forma concordancia con lo que establece el artículo 387 del COOTAD.

 

Respecto al recurso de revisión, en igual sentido, el artículo 412 del COOTAD impone a la autoridad un plazo fatal, el cual una vez fenecido, al tenor de lo establecido en el artículo 387 ibídem trae como consecuencia la generación de un acto presunto positivo derivado del silencio administrativo.

 

En materia tributaria, en lo correspondiente generalmente a las reclamaciones y recursos administrativos, se establece la configuración del silencio administrativo cuando dentro del término de 120 días contados desde el día hábil siguiente al de la presentación del reclamo o aclaración o ampliación, no se ha dado contestación a la petición presentada, con las excepciones previstas en el artículo 132[27] del Código Tributario[28].

 

Particular análisis merece el recurso de revisión en materia tributaria, cuya naturaleza, según lo señala Álvaro Mejía Salazar[29], eventualmente impediría se configure el acto administrativo presunto, el autor mencionado menciona que el artículo 143 del Código Tributario configura a este recurso como una potestad facultativa de la administración el iniciar, de oficio o por insinuación debidamente fundamentada de una persona natural o jurídica el trámite; si bien es cierto se señala un plazo para que se dicte la resolución, ello de ninguna manera implica desnaturalización del carácter extraordinario del recurso de revisión[30].

El silencio administrativo para Álvaro Mejía no es aplicable en el recurso de revisión por la naturaleza e implicación extraordinaria que éste posee. Sin embargo señala que, esta inaplicación del plazo establecido en el artículo 147 del Código Tributario, es procedente únicamente en las etapas iniciales y de sustanciación del recurso, por lo que superadas estas etapas, esto es, una vez iniciado el proceso de revisión y recabados los elementos de juicio necesarios, el silencio administrativo cobra vigencia a fin de garantizar los derechos del administrado[31].

Efectivamente el recurso de revisión se constituye como una facultad de la administración de iniciar o no de oficio el mismo por las causales establecidas en la ley, y aun cuando se presentase por un particular éste recurso no se interpone sino se insinúa.

 

  1. EJECUCIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

 

El silencio administrativo positivo, da origen a un acto presunto, el cual requiere para su existencia y posterior ejecución, requisitos de orden formal o de procedimiento y de orden material o de validez; el primer requisito hace relación a la existencia física de la petición y que ésta no haya sido respondida dentro del término que la ley determina para darle los efectos de acto presunto, en lo relativo al segundo requisito hace referencia a las circunstancias que rodean al acto presunto en sí, es decir, para que el acto sea legítimo y ejecutivo. La jurisprudencia con respecto al tema ha manifestado lo siguiente:

 

Conforme se ha pronunciado la Sala y constituye ya precedente jurisprudencial obligatorio, el derecho que nace como consecuencia del silencio administrativo es un derecho autónomo, que de ninguna manera puede ser afectado por un pronunciamiento posterior de la autoridad, que por su falta de contestación dio lugar al efecto jurídico del silencio administrativo, y que precisamente como derecho autónomo da origen a una acción procesal sustantiva e independiente, la que bien puede ser exigida en sede administrativa o sede jurisdiccional; advirtiéndose que esta acción es de ejecución y no de conocimiento que no daría lugar a que esta se discuta el derecho principal y originario en el recurso de casación. Esta doctrina se halla complementada con la que así mismo constituye precedente jurisprudencial obligatorio por su reiteración, según el cual, no se puede obtener derecho alguno por el silencio administrativo si la solicitud se dirige contra autoridad incompetente para aceptar o negar lo solicitado; si lo solicitado de haber sido aprobado de manera expresa adoleciera de vicios esenciales determinantes de su nulidad de pleno derecho, o, si excediese del ámbito permitido en la ley.[32]

 

Respecto al tema procesal, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, no prevé trámite alguno para la ejecución, más que el procedimiento ordinario que se establece el su capítulo cuarto. Este procedimiento establece que una vez presentada la demanda, verificado los elementos formales de la misma, se calificará debiendo ordenarse la citación de los demandados, quienes tienen diez días para contestar la demanda proponiendo las excepciones que crean pertinentes. Posteriormente deberá decretarse la iniciación de la etapa de prueba por un término común de diez días, concluida la misma, se dictará la correspondiente resolución, la cual podrá únicamente ser casada, pues en materia contencioso administrativo, tenemos a los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo como única instancia.

 

Si bien es cierto, los términos previstos en la ley son simplificados y cortos, no obstante, en la práctica, se ha podido observar que en nada se cumplen, tornándose estos procesos en verdaderos mastodontes jurídicos, por su lentitud a la hora de su tramitación, generados en su mayor grado debido a la gran carga procesal que poseen dichos tribunales.

 

Ante este vacío, ha sido la jurisprudencia la encargada de llenar estos déficits normativos, pues se ha establecido que el silencio administrativo al ser un acto presunto debe seguir únicamente un trámite de ejecución, y como tal no debería aceptarse como un trámite engorroso y lento, por lo tanto debería vedarse cualquier forma retardataria para su ejecución.

 

A pesar de la abundante jurisprudencia y doctrina que existe al respecto, en la práctica se puede verificar que la ejecución del silencio administrativo, sigue siendo, tal cual como las demás acciones contenciosas administrativas, un trámite lento y engorroso.

 

Si bien es cierto existe abundante jurisprudencia que guía y aclara el camino a seguir para la ejecución del silencio administrativo, no obstante, legislativamente este tema ha sido obviado. Hoy en día, dentro de la Asamblea Nacional se discute respecto del proyecto del Código Orgánico General de Procesos[33], mediante el cual se pretende crear un nuevo modelo procedimental ligado a la oralidad, en la cual según lo señalan los artículos 383.4[34] y 384[35] se le determina al silencio administrativo como un proceso sumario que consta de una sola audiencia de dos fases.

 

Si bien es cierto, el procedimiento a seguir es muy ágil, estimo conveniente, se realicen ciertas correcciones frente al tema, armonizando la jurisprudencia y la doctrina que largo camino ha tomado hasta llegar a este punto de análisis, y sobre todo entendiendo la naturaleza propia de los derechos que convergen.

 

  • ¿EXISTEN LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO?

 

Si bien es cierto, el derecho de petición constituye una institución amplia, sin embargo, no constituye patente de corso para el administrado. Si bien dentro de la normativa nacional no se encuentra regulado a detalle las circunstancias que deben rodear a este derecho, es muy necesario echar un vistazo a lo que señala la doctrina sobre el tema, pues se precisa en la misma, que entre otros requisitos el ciudadano frente al derecho de petición requiere buena fe, una petición pacífica, respetuosa, un pedido escrito, la indicación de los hechos y del pedido y un interés legítimo[36]

 

La ejecución o no del silencio administrativo va a depender en mayor o menor grado del tipo de petición, su contenido y finalidad, es pues de esta manera que constituye un acto de trascendental importancia para la ejecución de un acto presunto el ejercicio del derecho de petición.

 

Como lo señala Javier Robalino, el derecho de petición conlleva algunas otras obligaciones y derechos para la Administración, en la que se faculta de la manera más amplia, al ciudadano a dirigir peticiones y en contraprestación de ésta, la administración está obligada a brindar una oportuna contestación de forma motivada[37]

 

Se ha señalado que aún en la jurisprudencia y en la doctrina no existe un claro panorama respecto de los límites que tiene tanto la ejecución como los efectos del silencio administrativo, siendo estos uno de los mayores problemas que se afronta a la hora de su ejecución. No obstante, a través de la presente investigación he considerado ciertos factores que son determinantes para el ejercicio de petición que se configuran con la misma esencia y naturaleza de sus consecuencias, principalmente el análisis se lo reviste a la forma de la interposición de la pretensión, como el fondo de las repercusiones a generarse.

 

Por la forma, debemos considerar las siguientes características, que se deben observar en toda petición:

  1. Por escrito y en español, sea en cualquier documento, formulario, mecanografiado, caligrafiado o impreso, por cuanto permite tener constancia de lo pedido en su sentido original.
  2. Su redacción debe ser clara, sucinta, pacifica, respetuosa y dirigida ante el funcionario competente –generalmente ante la máxima autoridad-, pues es necesario indicar sumariamente los antecedentes del caso, que son fundamento de su petición, sin que en esta redacción sea permisible utilizar términos inadecuados o improperios ante el funcionario público; generalmente las peticiones se dirigen ante la máxima autoridad o al titular del órgano o entidad ante la que se recurre.

La presentación del petitorio ante el funcionario competente reviste trascendental importancia, por cuanto se encuentra íntimamente ligado a los requisitos que deben tener los actos administrativos presuntos derivados del silencio administrativo, pues como lo señala Patricio Secaira Durango:

Existen sin embargo requisitos insoslayables que deben cumplirse para que este acto presunto sea válido.  Evidentemente, no puede nacer el efecto positivo del silencio administrativo cuando la petición, reclamo o recurso administrativo ha sido presentado ante autoridad sin competencia para resolverlo; tampoco surge el efecto positivo cuando las pretensiones del administrado son contrarias al ordenamiento jurídico o la moral pública.  De suerte que la pretensión siempre debe ser lícita y susceptible de ejecución.[38]

En consonancia con lo dicho el tratadista Enrique Sayagués Laso respecto al tema señala que “[…] Para que el acto implícito sea válido es necesario que el acto expreso emane del mismo órgano que debió dictar aquel y que por ese medio no se violen reglas de fondo y de forma que debieron regularlo”.

  1. Expresar el domicilio o lugar para notificaciones, así como los datos personales de quien suscribe, contener firma y rúbrica del solicitante.
  2. Por último, entregar por duplicado para acuse de recibo, este documento reviste gran importancia en caso de no obtener contestación para la ejecución del acto presunto que nace como consecuencia del silencio administrativo.

 

La petición además de los requisitos de forma debe cumplir con determinados requisitos de fondo o sustanciales, entre los cuales encontramos los siguientes:

  1. Tener interés jurídico sustancial dentro de la petición, es decir, que en el contenido de la petición se encuentre configurado un derecho legalmente tutelado del peticionario, el cual, como lo señala el maestro Hernando Devis Echandía se debe referir como un “motivo jurídico particular”[39] que induce al peticionario a reclamar la intervención de la administración, con el objeto de que esta resuelva sus pretensiones. Sin duda alguna este interés para obrar o como lo señala Devis Echandía debe ser subjetivo, concreto, legítimo y actual[40]. Bajo esta visión sería totalmente desatinado solicitar a la administración asuntos sobre los cuales no recae interés jurídico.
  2. La regularidad del acto presunto, entendido como aquel merecedor de la protección jurídica que se desprende de la presunción de legitimidad, por no contener vicios inconvalidables, que ordinariamente se han de presentar de manera manifiesta. Se dice que por exclusión, son actos administrativos regulares aquellos respecto de los cuales no se puede sostener una causa de nulidad prevista en la ley.

Por lo que se entiende que no pueden ser actos regulares, por ejemplo, los actos presuntos expedidos por autoridad incompetente o aquellos cuyo contenido se encuentra prohibido expresamente por la ley, por ello como lo manifiesta la Primera Sala de lo Contencioso Administrativo de la Ex Corte Suprema de Justicia:

El sentido de revisión de este requisito material se justifica por la aplicación del régimen jurídico de la extinción de los actos administrativos en razón de su legitimidad; sin perjuicio de la intervención de los Tribunales Distritales de la materia, la Administración, en el ejercicio de su potestad de auto tutela, es competente para dejar sin efecto cualquier acto administrativo nulo de pleno derecho (actos irregulares), expreso o presunto, aun cuando se pueda sostener que se han generado derechos para el administrado, pues, es evidente que no es posible admitir los acto nulos de pleno derecho, porque afectan al orden público, algo que trasciende al mero interés del destinatario del acto administrativo[41].

En igual sentido la Sala se pronuncia respecto de lo descrito en el siguiente sentido:

No son regulares, los actos administrativos presuntos derivados del silencio administrativo que se entenderían expedidos por autoridad incompetente o aquellos cuyo contenido se encuentra expresamente prohibido en la ley. (…). Así, en lo que respecta a los actos administrativos presuntos derivados del silencio administrativo con efectos positivos, no se puede sostener razonablemente que la omisión de la administración pueda transformar lo que originalmente es ilícito en lícito[42]

Visto desde este sentido, un acto presunto derivado del silencio administrativo encuentra otra limitación sustancial, en cuanto a las circunstancias que rodean a su origen establecido por el ministerio de la ley, en lo relativo a la regularidad del acto más no a las razones fácticas, por cuanto al no reunir las condiciones materiales para su validez, no puede obtener tutela o protección jurídica, excluyéndose radicalmente los actos nulos. No obstante, como Agustín Gordillo refiere que el acto al ser irregular puede ser estable, entendida este último como aquellos actos que adolecen de ciertos errores o yerros leves que no anulan completamente el mismo.[43]

 

Es evidente que a la hora de la ejecución del acto presunto derivado del silencio administrativo, existen varias y serias limitaciones en cuanto a la forma y fondo de la petición.

 

CAPITULO III

ANÁLISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES

Dentro de la presente investigación, se analizarán puntualmente determinadas resoluciones judiciales que mayor discusión han generado en el foro.

  1. ¿Es posible que se afecte mediante resolución posterior al acto presunto Resoluciones posteriores al fenecimiento del término para contestar?

 

Frente a este planteamiento nuestra jurisprudencia en variados pronunciamientos, los que han sido unívocos y reiterados, han establecido que:

[…] el derecho que se establece por el ministerio de la Ley, como consecuencia del silencio administrativo […] nada tiene que ver con los hechos o circunstancias administrativas anteriores a su origen y al que ni siquiera afecta la contestación negativa del organismo al que se dirigió el pedido, cuando tal declaración es emitida después del término que la Ley establece para dar oportuna contestación a un petitorio.[44]

Para Patricio Cordero este pronunciamiento se refiere a que es  distinto, diferente, independiente a los hechos o circunstancias anteriores a su nacimiento[45], sin embargo citando a García de Enterría considera tres líneas jurisprudenciales que se ha vertido al respecto: la primera, cuyo fundamento recae sobre la seguridad jurídica, en la que producido el silencio administrativo, el proyecto quedaba aprobado en sus propios términos, configurándose de esta forma lo que se denomina como el “automatismo del Silencio Administrativo Positivo”;  la segunda, más sensible a la legalidad en el que se considera  que no puede obtenerse lo que la ley prohíbe; y, la tercera, como punto intermedio, en el que se acepta la obtención por el silencio de todo con la excepción de que si esta adoleciere de vicios esenciales determinantes de su nulidad de pleno derecho.

De lo expresado se puede concluir, que el análisis realizado en las resoluciones citadas, coadyuvan al desarrollo del silencio administrativo en nuestra legislación, pues acaba por brindar mayor seguridad y estabilidad al acto presunto y afianza los pilares que garantizan el derecho de petición, siempre respetando la legalidad y esencia misma de este derecho.

  1. Otro planteamiento analizado por la jurisprudencia es el procedimiento de ejecución del acto presunto, en este punto se ha llegado a plantear ¿cuál es su procedimiento?, y de haberlo, ¿debe decretarse la apertura de la etapa de prueba, o es que debe ejecutarse inmediatamente?

En efecto, la jurisprudencia en los casos citados anteriormente ha llegado a determinar lo siguiente:

[…] en consecuencia, de no ser ejecutado de inmediato por la administración, puede ser base suficiente para iniciar un recurso no de conocimiento sino de ejecución ante la respectiva jurisdicción contencioso administrativa […] debiendo añadir que la acción a proponerse para hacer efectivo el derecho obtenido como efecto del Silencio Administrativo será una acción de puro derecho, en la que, en consecuencia, no cabe la apertura de un término de prueba ya que ésta tiene como únicos y exclusivos propósitos establecer que el petitorio aprobado por el silencio se dirigió a la autoridad que tenía la competencia para resolverlo y que lo así aprobado no habría afectado por nulidad absoluta de haber sido aprobado por la autoridad a la que se dirigió la petición o reclamo […][46]

Frente a este pronunciamiento hay que precisar lo siguiente: si bien es cierto, y de manera muy acertada, la jurisprudencia concluye, en armonía con la naturaleza misma del silencio administrativo, que el acto presunto que nace como su consecuencia puede ser vía ejecución ser solicitado su cumplimiento inmediatamente, no es menos cierto que existen vacíos en la norma que regula el procedimiento para los procesos contencioso administrativos, de hecho, en la práctica, la ejecución del acto presunto derivado del silencio administrativo, acaba tornándose en el tedioso y demorado procedimiento ordinario sustanciado al igual que los procesos de plena jurisdicción y subjetivos,  lo que implica que, en muchas ocasiones, aquel acto presunto, tarde meses e incluso años en ejecutarse.

Por otro lado, se ha considerado que atendiendo a la naturaleza propia del silencio administrativo, no cabe la apertura de una etapa de prueba, no obstante, como se describe en líneas anteriores, al tenor de aquella garantía contenida en el artículo 76.3 de la Constitución de la República solo se puede juzgar a una persona ante un juez competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento, es necesario remitirse a lo que establece la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo debe seguirse el procedimiento común establecido, lo que implica, la interposición de muchas trabas a la hora de su ejecución, atentando en contra de la naturaleza misma del silencio administrativo.

La jurisprudencia, ha dado grandes avances y le ha dotado de muchas garantías a la figura del silencio administrativo, lo cual se ha visto ensombrecido por las trabas a la hora de su ejecución. Personalmente considero se ha avanzado gradualmente en la construcción de esta figura.

  • Otra de las interrogantes que nace a la hora de la ejecución del acto presunto tiene que ver con: ¿Cuál es el plazo en el cual debe interponerse la ejecución del acto administrativo presunto derivado del silencio administrativo?

La jurisprudencia, a través de fallos de triple reiteración, ha señalado el siguiente razonamiento respecto de la caducidad del derecho:

1) La intervención de los Tribunales Distritales, para atender las pretensiones del actor dirigidas a hacer efectivo (ejecutar) el acto administrativo presunto derivado del silencio administrativo, es posible únicamente si no ha caducado el derecho de acción. 2) Para aplicar las reglas de caducidad del derecho a demandar previstas en el ordenamiento jurídico, es necesario diferenciar si se trata de un acto administrativo expreso o un acto administrativo presunto, pues, no es lo mimos “impugnar” un acto por considerar que éste afecta un derecho subjetivo, que acudir a los órganos judiciales con el objeto de hacer efectivo (ejecutar) el acto administrativo presunto en el que se declara o reconoce un hecho o un derecho, o bien, se admite una prestación de dar, hacer o no hacer a cargo de la Administración omisa. 3) La fecha de inicio para el cómputo de los términos, a efectos de determinar la caducidad del derecho de acción, en los casos en los que el administrado busca ejecutar el acto administrativo presunto derivado del silencio administrativo con efectos positivos, sería, por regla general, el día siguiente a la fecha en que se habría producido el acto administrativo presunto cuya ejecución se busca en sede judicial, sin que sea relevante que el actor hubiese procurado la ejecución del referido acto administrativo presunto en sede administrativa. 4) La única excepción a la regla consistiría en la impugnación de un acto administrativo expreso o un hecho administrativo que afecten al contenido del acto administrativo presunto si éste es meramente declarativo, en cuyo caso se seguirá la regla de caducidad para los acto administrativos notificados o los hechos administrativos, según sea el supuesto, porque la “impugnación” de estos actos o hechos sería, en estricto sentido, la matera de la litis. 5) Finalmente, los términos para que opere la caducidad, actualmente vigentes, son de 90 días para el caso del recurso de plena jurisdicción referido a un acto administrativo notificado; tres años para las materias propias del recurso objetivo; y, cinco años para el caso de controversias relacionadas con contratos y cualquier otra materia no prevista en los supuestos anteriores, en cuyo conjunto se encuentran los actos administrativos presuntos y hechos administrativos[47]

 

El análisis jurisprudencial, respecto a la caducidad del derecho, claramente dio soluciones a planteamientos y resoluciones anteriores contrarias que trataban de equiparar dicha ejecución al plazo para la impugnación de los actos administrativos. En dicho análisis se parte de una interpretación integral lógica, en el cual para llegar a la conclusión se analiza las diferencias que implica el impugnar un acto a lo que constituye el ejecutar el acto presunto, pues dentro del primer caso estaríamos frente una acción de plena jurisdicción, para lo cual se tiene el término de noventa días para presentar la impugnación, mientras que el segundo caso nos encontramos frente a las otras competencias establecidas para los Tribunales de lo Contencioso Administrativo conforme lo establece el artículo 65[48] de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa[49]. Dicha fundamentación hasta el momento ha sido continuamente conservada en variadas resoluciones judiciales, por lo tanto no ha existido mayor variación en la línea jurisprudencial anotada.

CONCLUSIONES

En fin luego análisis realizado en el presente trabajo, se puede concluir que el silencio administrativo es una figura fundamental dentro nuestro sistema jurídico, pues permite se plasmen jurídicamente los derechos de los peticionarios, así como se garantiza su cumplimiento, evitando que los derechos de los ciudadanos sean mancillados y aplastados por parte de la administración pública.

El silencio administrativo es un derecho autónomo que no tiene relación alguna con sus antecedentes y no puede ser modificado por una decisión posterior, por lo que en virtud del principio de auto-tutela es la propia administración la encargada de ejecutar dicho acto presunto, siendo en caso contrario, viable acudir a la justicia contencioso administrativa para pedir su ejecución. La acción a proponerse es de ejecución y no de conocimiento, por lo tanto no cabe recurso de casación

En este sentido, el gran avance que se ha producido en nuestra legislación, mediante precedentes jurisprudenciales, ha marcado un hito en la evolución de este derecho, empero, aún falta mucho camino por recorrer frente a las varias falencias procedimentales que se encuentran contenidas en normas arcaicas que impiden un buen funcionamiento y desempeño del tema analizado.

El Estado, por su parte, debe ser fuente dinámica de la participación ciudadana, por lo tanto debe establecer mejores parámetros organizacionales para contrarrestar la apacible burocracia y crear un sistema eficaz en el cual este derecho no se vea conculcado.

Sin embargo, el derecho de petición -como todos los derechos- no es absoluto y por lo tanto posee limitaciones en su ejercicio, por lo que considero necesario sea regulado con mayor especificidad, pues su campo de aplicación es muy abierto y extensión, permitiendo que en ocasiones se produzcan abusos sobre este derecho.

Por cuanto actualmente se busca crear un nuevo sistema procedimental en el área contenciosa administrativa- es menester que esta figura sea debidamente tratada, discutida y evaluada por los legisladores y plasmen las ideas innovadoras que a pesar de encontrarse detalladas en las doctrinas y jurisprudencia citadas, no han sido consideradas hasta el momento para dar un punto de partida loable para solucionar los conflictos que se presentan a la hora de la ejecución de estos actos.

En fin, a mi criterio, si bien es cierto, el silencio administrativo es un remedio para contrarrestar el abuso y vulneración por parte del Estado en el derecho de petición de los ciudadanos, queda un largo camino por recorrer, para que esta figura sea concebida equilibradamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA

  • Cervantes Anaya, Dante, Manual de derecho administrativo. Lima: Editorial Rodhas, 2013
  • Cienfuegos Salgado, David, El derecho de petición en México. México, D.F: Universidad Autónoma Nacional de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004
  • Cordero Ordoñez, Patricio, El Silencio Administrativo. Cuenca: Editorial El Conejo, 2009.
  • Couture, Eduardo J, Fundamentos del derecho procesal civil. Buenos Aires: B de F Ltda, 2da edición, 1951
  • Devis Echandía, Hernando, Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Bogotá: Editorial Temis, 2009, 2da edición
  • Diez, Manuel María, Derecho administrativo. Buenos Aires: Omeba, t. 2, 1965.
  • Gordillo, Agustín Tratado de derecho administrativo, Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, t. 3, 8va edición
  • Meythaler Baquero, José, La Evolución del Efecto Positivo del Silencio de la Autoridad en el Derecho Administrativo Ecuatoriano” en Revista del Colegio de Jurisprudencia Iuris Dictio. Quito: No.7, 2003
  • Mejía Salazar, Álvaro, Los recursos administrativos. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011
  • Penagos, Gustavo, El Silencio administrativo. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 1997
  • Porras Velasco, Angélica y Romero Larco, Johanna, La información de acceso a la información, t. II, Apuntes de derecho procesal constitucional. Quito: Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, 2011
  • Robalino Orellana, Javier, “El marco constitucional para el derecho administrativo en el Ecuador”, en revista V Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo. Quito: Colegio de Jurisprudencia USFQ, 2006
  • Secaira Durango, Patricio, Curso Breve de Derecho Administrativo. Quito: Universitaria, 2004.
  • Revista Jurídica: Justicia Juris, ISNN 1692-8571, Vol. 6. No. 11. Abril – Septiembre 2009.(http://www.uac.edu.co/images/stories/publicaciones/revistas_cientificas/juris/volumen-6-no-11/art-3.pdf:)
  • Constitución Política de la República, Diario de la Convención Nacional de 1843, del 01 de abril de 1843
  • Constitución Política de la República, Diario de la Convención Nacional de 1978 de 31.3.1978
  • Constitución Política de la República O. 228 de 3.3.1945
  • Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, O. 349 de 31.12.1993
  • Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, O.s- 337 de 18.5.2004
  • Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada, O. 349 de 31.12.1993
  • Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, O. 349 de 31.12.1993
  • Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, O.-s 144 de 18.8.2000
  • Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, O. 338 de 18.3.1968
  • Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, O. 536 de 18.3.2002
  • Corte Constitucional Colombia, sentencia No. T-012/92, http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-012-92.htm:
  • Corte Constitucional Colombiana, resolución No. T-129/10, http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-129-10.htm:
  • Gaceta Judicial. Año CV. Serie XVIII. No. 1.
  • Proyecto de Código Orgánico General de Procesos entregado en conjunto por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia y el Presidente del Consejo de la Judicatura ante la Asamblea Nacional el 20.01.2014 (http://www.observatoriolegislativo.ec/media/archivos_leyes/proyecto_presentado_6.pdf)
  • Gaceta Judicial. Año CVIII. Serie XVIII. No. 3. Página 1104 (Quito, 31 de enero de 2007)
  • de 2 de octubre del 2007sentencia No. 414-2007, de Octubre 2 de 2007
  • No. 10 de 10 de diciembre de 1997 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, juicio seguido por Agip Ecuador en contra del Ministerio de energía y Minas. Gaceta Judicial. año XCVII. serie XVI. No. 10. Página 2717; Res. de 28 de octubre de 2003, juicio seguido por Juan Solano Bernal y otros en contra del Municipio de Cuenca. Gaceta Judicial. Año CV. Serie XVII. No. 14. Página 4796; Res. de 2 de octubre de 2007 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, juicio seguido por Miguel Fernando Hermida Moreira y otros en contra de la Municipalidad de Cuenca. Gaceta Judicial. Año CVIII. No. 5. Página 2033
  • Sala de lo Contencioso Administrativo, Corte Suprema de Justicia, proceso No. 176-2007, quito 16 de abril de 2007, a la 09h00

[1] Constitución Política de la República, Diario de la Convención Nacional de 1843 de 1.4.1843

[2] Constitución Política de la República, Diario de la Convención Nacional de 1978 de 31.3.1978

[3] Constitución Política de la República R. O. 228 de 3.3.1945

[4] Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, R.O. 349 de 31.12.1993

[5] José Meythaler Baquero, “La Evolución del Efecto Positivo del Silencio de la Autoridad en el Derecho Administrativo Ecuatoriano” en Revista del Colegio de Jurisprudencia Iuris Dictio  (Quito: No.7, 2003),   138

[6] Patricio Cordero Ordoñez, El Silencio Administrativo (Cuenca: Editorial El Conejo, 2009), 39-40.

[7][7] Gustavo Penagos, El Silencio administrativo (Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 1997) , 37

[8] Agustín Gordillo, Tratado de derecho administrativo (Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, t. 3, 8va edición), 3

[9] Manuel María Diez, Derecho administrativo (Buenos Aires: Omeba, t. 2, 1965), 245-247.

[10] Dante Cervantes Anaya, Manual de derecho administrativo (Lima: Editorial Rodhas, 2013), 92-94

[11] David Cienfuegos Salgado, El derecho de petición en México (México, D.F: Universidad Autónoma Nacional de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004) 1.

[12] Palabras pronunciadas por Robespierre en la sesión del 9 de mayo de 1791 en la Asamblea Constituyente

[13] Corte Constitucional Colombia, sentencia No. T-012/92, http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-012-92.htm: Revisado en fecha 06-12-2013

[14] Revista Jurídica: Justicia Juris, ISNN 1692-8571, Vol. 6. No. 11. Abril – Septiembre 2009. Pág. 27, http://www.uac.edu.co/images/stories/publicaciones/revistas_cientificas/juris/volumen-6-no-11/art-3.pdf: Revisado en fecha 06-12-2013

[15] Eduardo J Couture: Fundamentos del derecho procesal civil, (Buenos Aires: B de F Ltda, 2da edición, 1951), 7

[16] Eduardo J Couture: Fundamentos del derecho procesal civil, 47.

[17]Corte Constitucional Colombiana, resolución No. T-129/10, http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-129-10.htm: Revisado en fecha 06-12-2013

[18] Angélica Porras Velasco y Johanna Romero Larco, La información de acceso a la información, t. II, Apuntes de derecho procesal constitucional (Quito: Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, 2011), 198.

[19] Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, R.O.s- 337 de 18.5.2004

[20] Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada, R.O. 349 de 31.12.1993

[21] Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, R.O. 349 de 31.12.1993

[22] Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, R.O.-s 144 de 18.8.2000

[23] José Meythaler Baquero, “La Evolución del Efecto Positivo del Silencio de la Autoridad en el Derecho Administrativo Ecuatoriano,” 140

[24] Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, R.O. 536 de 18.3.2002

[25] Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, R.O.s-303 de 19.10.10

[26] Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, R.O.s-166 de 21.01.2014

[27] Art. 132.- Plazo para resolver.- Las resoluciones se expedirán en el plazo de 120 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente al de la presentación del reclamo, o al de la aclaración o ampliación que disponga la autoridad administrativa. Se exceptúan de esta norma los siguientes casos:

  1. Los previstos en el artículo 127, en los que el plazo correrá desde el día hábil siguiente al de la recepción de los datos o informes solicitados por el reclamante, o del que se decida prescindir de ellos;
  2. Los que se mencionan en los artículos 129 y 131 en que se contará desde el día hábil siguiente al vencimiento de los plazos allí determinados; y,
  3. Las reclamaciones aduaneras, en las que la resolución se expedirá en 30 días hábiles por el Gerente Distrital de Aduana respectivo.

[28] Código Tributario, R.O.s-38 de 14.06-2005

[29] Álvaro Mejía Salazar, Los recursos administrativos (Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011), 115-116

[30] Álvaro Mejía Salazar, Los recursos administrativos (Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011), 109

[31] Álvaro Mejía Salazar, Los recursos administrativos (Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2011), 116

[32] Gaceta Judicial. Año CV. Serie XVIII. No. 1. pp. 283. (10.11.2004)

[33] Proyecto entregado en conjunto por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia y el Presidente del Consejo de la Judicatura ante la Asamblea Nacional el 20.01.2014 (http://www.observatoriolegislativo.ec/media/archivos_leyes/proyecto_presentado_6.pdf). Revisado:  20.12.2014

[34] Art 383.- De las acciones en la jurisdiccion contencioso administrativo.- Las acciones contencioso administra son las siguientes: 4. Especiales: Forman tambien parte de la jurisdiccion contencioso administrativa las siguientes acciones especiales: a. La accion por silencio administrativo.

[35] Artículo 384.- Procedimiento de las acciones en la jurisdicción contencioso administrativa.- Todas las acciones contencioso administrativa se tramitarán en proceso ordinario, salvo las acciones relativas al silencio administrativo positivo y las de pago por consignación que se tramitarán en proceso sumario.

[36] Javier Robalino Orellana, El marco constitucional para el derecho administrativo en el Ecuador, en revista V Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, (Quito: Colegio de Jurisprudencia USFQ, 2006) 199

[37] Javier Robalino Orellana, El marco constitucional para el derecho administrativo en el Ecuador, en revista V Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, 199

[38] Patricio Secaira Durango, Curso Breve de Derecho Administrativo (Quito: Universitaria, 2004) , 215.

[39] Hernando Devis Echandía, Nociones Generales de Derecho Procesal Civil (Bogotá: Editorial Temis, 2009, 2da edición), 290.

[40] Hernando Devis Echandía, Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, 295.

[41] Gaceta Judicial. Año CVIII. Serie XVIII. No. 3. Página 1104 (Quito, 31 de enero de 2007)

[42] Res. de 2 de octubre del 2007sentencia No. 414-2007, de Octubre 2 de 2007

[43] Agustín Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, t. III (Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 10ma edición, 2011), 272

[44][44] Res. No. 10 de 10  de diciembre de 1997 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, juicio seguido por Agip Ecuador en contra del Ministerio de energía y Minas. Gaceta Judicial. año XCVII. serie XVI. No. 10. Página 2717; Res. de 28 de octubre de 2003, juicio seguido por Juan Solano Bernal y otros en contra del Municipio de Cuenca. Gaceta Judicial. Año CV. Serie XVII. No. 14. Página 4796; Res. de 2 de octubre de 2007 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, juicio seguido por Miguel Fernando Hermida Moreira y otros en contra de la Municipalidad de Cuenca. Gaceta Judicial. Año CVIII. No. 5. Página 2033

[45] Patricio Cordero Ordoñez, El silencio administrativo (Cuenca: Editorial El Conejo, 2009), 125.

[46] Res. No. 10 de 10  de diciembre de 1997 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, juicio seguido por Agip Ecuador en contra del Ministerio de energía y Minas. Gaceta Judicial. año XCVII. serie XVI. No. 10. Página 2717; Res. de 28 de octubre de 2003, juicio seguido por Juan Solano Bernal y otros en contra del Municipio de Cuenca. Gaceta Judicial. Año CV. Serie XVII. No. 14. Página 4796; Res. de 2 de octubre de 2007 de la Sala de lo Contencioso Administrativo, juicio seguido por Miguel Fernando Hermida Moreira y otros en contra de la Municipalidad de Cuenca. Gaceta Judicial. Año CVIII. No. 5. Página 2033

[47] Sala de lo Contencioso Administrativo, Corte Suprema de Justicia, proceso No. 176-2007, quito 16 de abril de 2007, a la 09h00

[48] Art. 65.- El término para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa será de noventa días en los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que se impugna.

En los casos que sean materia del recurso contencioso de anulación u objetivo se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de tres años, a fin de garantizar la seguridad jurídica. En los casos que sean de materia contractual y otras de competencia de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de cinco años.

[49] Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, R.O. 338 de 18.3.1968

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